Sigue el folletín urbanístico en Llanes: diez años sin Plan General

La situación urbanística de Llanes es única en España. Un novelón. Los tribunales han anulado los tres planeamientos que aprobó el Ayuntamiento, y hasta laminaron un cuarto nonato, lo que ha dejado al concejo sin normativa propia y obligado a regirse por las normas urbanísticas autonómicas y estatales. Es el único concejo de Asturias sin planeamiento en vigor. Tan peculiar es la situación que la Universidad de Salamanca pone a Llanes como ejemplo de lo que no se debe hacer en materia urbanística, tal y como desveló hace unos años el profesor de Derecho Civil de esa institución académica Ramón García Gómez.

En Llanes han tenido que intervenir los tribunales para poner las cosas en su sitio no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces. No hay un caso similar en España. En tres de esos casos el planeamiento se anuló porque se conculcó el derecho fundamental a la participación ciudadana, al haberse aprobado los documentos a espaldas de los vecinos. En el cuarto caso los jueces tuvieron que intervenir antes: anularon la adjudicación de la redacción del plan porque el Gobierno local no la concedió a quienes habían presentado la mejor oferta.

Ni los anteriores gobiernos del PSOE, autores de los cuatro planeamientos desechados, ni el actual ejecutivo, que prometió un nuevo plan general cuando accedió al poder, en 2015, han sido capaces de dotar al concejo de unas normas válidas. Las últimas legales, elaboradas en 1978, fueron derogadas ocho años más tarde por el Principado. Hace por tanto 35 años que Llanes no dispone de unas normas urbanísticas propias legales.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), que “bendijo” todos los planeamientos que después anularon los jueces, había sopesado intervenir el Ayuntamiento y encargarse de la elaboración de la nueva norma urbanística. Una alternativa que reclamó la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) para acabar con los retrasos, que están “arruinando” a algunos inversores. El conflicto se arregló con una supuesta “entente cordiale” suscrita hace solo unos días entre la CUOTA y el Ayuntamiento para “trabajar juntos” en la culminación del plan general. Pero no pasa de ser un paripé: más que entendimiento hay desconfianza mutua.

Las autoridades llaniscas quieren seguir adelante con su propuesta y rechazan que se le retiren las competencias urbanísticas. Y sostienen que la CUOTA no tiene argumentos sólidos para hacerlo, porque en ese caso debería hacer lo mismo con cerca de una veintena de ayuntamientos que llevan aún más tiempo intentando sacar adelante nuevos planeamientos: Colunga (18 años), Soto del Barco, Yernes y Tameza, Mieres y Navia (16 años), Cangas del Narcea, Villaviciosa, Quirós, Ponga, Peñamellera Baja y Parres (15 años), Nava y Somiedo (14 años), Llanera, Noreña y Taramundi (13 años), Ribadesella y Vegadeo (11 años)...

Pero, ¿dónde se quebró la “pax” urbanística de Llanes? La fecha clave es el 4 de enero de 2011, cuando el Tribunal Supremo (TS) ratificó la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Gobierno local había aprobado ocho años antes. Porque si bien anteriormente ya se habían anulado otros dos planeamientos municipales, los dirigentes llaniscos –en una ocasión con la ayuda de un abogado que no presentó en plazo la petición para ejecutar la sentencia–, tuvieron tiempo suficiente en ambos casos para aprobar el siguiente documento. En 2011, no: los pilló el toro.

El origen del “culebrón” urbanístico de Llanes, no obstante, se sitúa a mediados de los años ochenta del siglo pasado, cuando el Gobierno del Principado, en manos del PSOE, retiró las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Llanes, entonces controlado por la derecha, tras rechazar su propuesta urbanística, al considerar que no satisfacía la “vocación turística” del concejo.

Tras denegar la aprobación de las normas subsidiarias provisionales de 1985, que había elaborado el Gobierno llanisco de José Enrique Rozas Guijarro, de Alianza Popular, la Comisión de Urbanismo de Asturias (CUA, precedente de la CUOTA) se arrogó la elaboración de un nuevo documento urbanístico para Llanes.

El Principado derogó el 26 de junio de 1986 el Plan de extensión del municipio de Llanes, aprobado en 1970, y el proyecto de delimitación de los núcleos de población del concejo de Llanes, aprobado en 1978, porque ya estaban “obsoletos” y no respondían a la realidad urbanística local. Y aprobó el 26 de diciembre de 1986 unas normas subsidiarias provisionales, las elaboradas por la CUA.

El primer varapalo urbanístico llegó el 19 de marzo de 1993, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), a instancias de un particular, declaró nulas las normas elaboradas por el Principado al no haberse publicado el texto íntegro en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias” (BOPA), lo que provocó “indefensión” en los ciudadanos. La sentencia adquirió firmeza al no ser recurrida.

No se recurrió porque unos meses antes, el 30 de septiembre de 1992, la CUOTA validaba la revisión de las normas subsidiarias, el polémico plan urbanístico de Llanes, que provocó un debate sin precedentes en Asturias, al cuestionarse desde algunos sectores que se recalificaran decenas de miles de metros cuadrados de terreno que seis meses antes era rústico, parte de los cuales fueron adquiridos por inversores foráneos tras firmar convenios urbanísticos con el Ayuntamiento.

Ese plan urbanístico fue denunciado en los tribunales de justicia por la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) y varios ciudadanos, lo que condujo a su anulación por el TSJA el 23 de julio de 1997, ratificada en todos sus términos por el Supremo el 22 de marzo de 2002. Entre las razones de la anulación, que para determinar las líneas generales de la norma solo se llamó a “inversores reales y comprometidos”, dejando fuera a la inmensa mayoría de la ciudadanía, contra lo que exige la ley.

El Ayuntamiento de Llanes tuvo entonces la fortuna de que el abogado de Avall presentó fuera de plazo la petición para ejecutar la sentencia, así que dio tiempo a aprobar una nueva norma urbanística, el plan general de ordenación urbana (PGOU), el 15 de abril de 2003. Pero, tras recurrir Avall, Andecha Astur y un particular, fue también anulado por el TSJA el 11 de abril de 2007 y por el TS el ya citado 4 de enero de 2011. La razón, múltiples irregularidades; por ejemplo, que el Ayuntamiento incorporó al planeamiento varios planes parciales del anterior documento urbanístico, entre ellos el de La Talá, a espaldas de los ciudadanos, una vez cerrado el trámite de información pública.

Aún quedaban varios fracasos más de las autoridades llaniscas en materia urbanística. El siguiente ocurrió tras adjudicar el Ayuntamiento, el 14 de enero de 2009, la redacción de la revisión del PGOU (ya hubo controversia al tratarse de la revisión de un documento declarado nulo por los tribunales). Lo que hicieron las autoridades locales en ese caso fue no adjudicar la redacción del plan a las arquitectas que presentaron la mejor oferta y caer así “de lleno en la arbitrariedad”, avalando incluso la decisión con un “informe anónimo”, que nunca fue ni firmado ni entregado, según la jueza. El resultado de la sentencia, fechada en septiembre de 2010, fue que el Ayuntamiento tuvo que pagar 19.200 euros a las perjudicadas y el trabajo realizado a los adjudicatarios. Pero el planeamiento se paralizó y nunca fue aprobado, lo que supuso otros dos años perdidos.

El penúltimo capítulo de este folletín urbanístico ocurrió con la redacción del plan general de ordenación de Llanes (PGOLL), que comenzó en 2011 y que recibió la aprobación inicial unos meses antes de las elecciones municipales de 2015. Al perder el PSOE la mayoría absoluta que mantenía desde 1987 y aliarse toda la oposición (Vecinos por Llanes, Foro, PP e IU) hubo cambio de gobierno y, a continuación, se desechó el PGOLL.

El actual Gobierno de Llanes inició la redacción de un nuevo plan general en 2016. Cinco años después está aún a las puertas de la segunda aprobación inicial, ya que la primera se tramitó sin incluir el catálogo urbanístico, y la CUOTA considera que es un error que invalida el documento. El Ejecutivo llanisco alegó sin éxito que varios ayuntamientos asturianos llegaron a aprobar sus planeamientos sin ese texto y que un informe jurídico municipal avalaba su ausencia.

Tras un año de debate en torno a esta asunto, con el consiguiente cruce de críticas y acusaciones, el equipo de gobierno que encabeza Enrique Riestra, alegando razones de “seguridad jurídica”, decidió el pasado mes de marzo desistir de la aprobación inicial del plan general y debatirla de nuevo. Será, previsiblemente, en el mes de julio. El documento que se llevará a pleno incluirá en el texto cambios introducidos al haber sido asumida aproximadamente la mitad de las alegaciones presentadas en el anterior periodo de exposición pública. Habrá otra fase de información en la que los interesados podrán presentar alegaciones.

La duda es si dará tiempo a que el plan general sea aprobado antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, pues si se produjera un nuevo cambio de gobierno existe la posibilidad de que el documento sea desestimado o cuando menos modificado, como ocurrió en 2015. La teoría, en todo caso, dice que sí hay tiempo. En un cronograma ideal el periodo de tiempo estrictamente necesario desde la aprobación inicial hasta la entrada en vigor del plan general, si se cumplen todos los plazos sin demoras, se sitúa en torno a los 18 meses. Y si la aprobación inicial llega en julio de este año, el documento podría ser validado en enero de 2023.

Pero no hay ningún caso reciente en Asturias en el que un ayuntamiento haya logrado dar todos los pasos pendientes en Llanes en un año y medio. Además, parte de los trámites que restan (aprobación definitiva, ratificación del texto refundido y publicación en el BOPA) no dependen del Ayuntamiento, sino del Principado. Y en el Gobierno local hay quien sospecha que la CUOTA “seguirá poniendo obstáculos” para que el actual plan general naufrague. El PSOE, por el contrario, destaca que lo único que ha hecho hasta ahora el Principado es apoyar al Ayuntamiento a impulsar el plan general.