Indignación en la Guardia Civil por la puesta en libertad del agresor de Cangas de Onís: es reincidente, aseguran
El detenido, el madrileño J. L. P. D. C., tiene antecedentes por desacato a las autoridades en la misma localidad asturiana, afirman desde la asociación Jucil
![VÍDEO: La asociación de guardias civiles critica que "se ha perdido el respeto a las autoridades", tras la brutal agresión a un compañero](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/4398b70b-8d34-483b-98e2-280c99d6d30a_source-aspect-ratio_default_0.jpg)
Óscar-Rubén Morales Saucedo
Sorpresa en el seno de la Guardia Civil ante la decisión de poner en libertad al agresor de Cangas de Onís tras el incidente del pasado domingo. No es la primera vez que este individuo es detenido por hechos similares a lo ocurrido durante el fin de semana. Hace unos años, "esta misma persona fue detenida por desacato a la autoridad en fechas similares y en la misma zona", ha señalado la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil.
El joven, que responde a las siglas J. L. P. D. C. y es vecino de Alcorcón, que se encontraba fuera de sí a causa supuestamente de la ingesta de estupefacientes, provocó lesiones a varios agentes de la Benemérita durante su detención, a causa de la extrema violencia que empleó para negarse a ser atendido. El agente que más daño sufrió tuvo que recibir dos puntos de sutura cerca del ojo y otros diez puntos para suturar la brecha que sufrió en la cabeza, informan desde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil.
En cuanto a la resolución judicial, "la respetan y acatan, pero no la comparten, y no entienden que no se haya atendido la petición de la Fiscalía que solicitaba la prisión sin fianza hasta el momento del juicio". Consideran que la decisión adoptada por la jueza en la mañana del martes "difunde un mensaje inequívoco tanto para la sociedad como para quienes se aprestan a delinquir y sobre todo, para quienes actúan con violencia extrema". Se muestran indignados ante lo "fácil que es evadirse de las consecuencias que suponen este tipo de delitos y, sobre todo, de lo gratuito que resulta resistirse a la acción de la autoridad".
Además, denuncian que "este tipo de decisiones añade aún más incertidumbre en los protocolos de actuación de las autoridades frente a las actitudes violentas ya que, como ocurre en este caso, el agresor no está en posesión de armas de fuego ni armas blancas, lo que hace que la respuesta judicial sea distinta al de los casos en que se responde a esos ataques armados". "El uso del cuerpo, y en este caso de los puños y la fuerza, actúan como elementos que "pueden resultar muy graves, incluso letales, para quienes tienen la misión de controlar su actuación violenta", concluyen desde Jucil.
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