Vertieron purines a la cueva prehistórica de El Pindal y ahora se enfrentan a esta severa condena de cárcel

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena a seis años y tres meses de prisión y multas de 50.400 euros para el promotor y el titular de una explotación ganadera de Ribadedeva por vertidos de purines a la cueva prehistórica de El Pindal. La vista oral está señalada pasado mañana, 17 de abril, en el Juzgado de lo Penal numero 3 de Oviedo, a las 9,30 horas. Está previsto que continúe el día 19.

El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados carecen de licencia de la actividad que llevaban desarrollando desde mediados de la década de 1990. De haberse solicitado el permiso, dado que el terreno se sitúa en el entorno de protección de la cueva de El Pindal, la legislación aplicable hubiera impedido su desarrollo, al resultar incompatible con la adecuada conservación del yacimiento.

La cueva de El Pindal goza de la máxima protección prevista en la normativa vigente, ya que está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y se encuentra incluida en la Lista de Patrimonio Mundial desde 2008. Se trata de un área que también goza de protección ambiental, al estar incluida en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental.

"Los acusados se han extralimitado en los usos del suelo en contra de la zonificación o uso urbanístico de terrenos calificados como suelo no urbanizable de costas, sin ajustarse a las determinaciones de la licencia municipal concedida el 29 de marzo de 1995 por el Ayuntamiento de Ribadedeva (construcción de cobertizos y comederos) y han realizado obras que han modificado la cuenca del arroyo La Llongar", señala el fiscal.

Cultura lleva a la Fiscalía la afección de un vertido de purines sobre la cueva de El Pindal

Los acusados construyeron un camino de acceso a los comederos y lo ampliaron, "generando un terraplén que evita que el arroyo de La Llongar, en caso de crecida, se disperse por toda la vaguada, de forma que concentra su cauce y el arrastre de material contra un sumidero ubicado junto a la explotación y en el área de infiltración directa de la cueva".

De ahí que, en caso de inundación, el barrizal concentrado de purines en la zona de comederos se moviliza hacia el punto de escape natural: el sumidero. "Así ocurrió en octubre de 2019, cuando se generó un socavón de 15 por 24 metros que supuso la entrada en la cueva de El Pindal de sedimentos que presentan valores muy elevados de materia orgánica, nitrógeno en sus diversas formas, fósforo, potasio y metales pesados, así como antibióticos y desinfectantes, junto con una amplia gama de poblaciones microbianas, que pueden causar contaminación y presentar riesgos para la salud pública y que causaron un drástico cambio en la microbiología de la cueva, siendo su origen la explotación ganadera que se encuentra sobre el yacimiento arqueológico", subraya la Fiscalía.

La explotación concentra una cantidad de purines importante, puesto que se sirve la comida al ganado en un mismo punto y carece de estructura que permita conducir esos efluentes y evitar su filtración en el sistema kárstico. "Este tipo de residuos genera una subida artificial de la cantidad de nitratos y, puesto que el interior de la cueva es un entorno húmedo en el que el agua afecta directamente a las muestras de arte, esto supone la contaminación de las mismas y ayuda a su desaparición", alerta el ministerio público.

"Asimismo, en épocas de lluvia, cuando se activa el curso de agua subterráneo, se ha apreciado el olor a estiércol, lo que evidencia la conexión entre estos fenómenos exteriores y el interior de la cueva, por otro lado, conocidos gracias a los estudios geomorfológicos existentes sobre la misma", añade.

"El deficiente tratado de los residuos (orines y purines) del ganado presente en la explotación ha generado, además, el aumento de la contaminación de una charca de la zona y el depósito de elementos químicos dañinos en el suelo de la cueva rupestre, poniendo en grave riesgo la conservación de las valiosas manifestaciones artísticas que alberga", continúa el fiscal.

Además, los titulares de la explotación incumplieron la orden de suspensión de la actividad decretada por la autoridad municipal el 10 de diciembre de 2019 y desoyeron el requerimiento de 27 de noviembre de 2019 del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias de proceder a la succión del agua concentrada en la charca mediante una cuba, con el fin de evitar un destaponamiento natural que provoque la entrada en tromba a la cueva, continuando su desarrollo hasta, al menos, el mes de febrero de 2021.

El importe de la limpieza, análisis de los daños, ingresos perdidos por el cierre durante dos meses y jornadas de trabajo del personal que tuvo que abandonar sus tareas habituales ascendió a 10.199,32 euros.

Cuatro presuntos delitos

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de cuatro presuntos delitos. Un delito contra el patrimonio histórico, otro contra la ordenación del territorio previsto, un tercero contra los recursos naturales y el medio ambiente y el último de desobediencia.

Por todo ello solicita para los acusados, que carecen de antecedentes penales, un total de seis años y tres meses de prisión, otro tanto de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, dos años de inhabilitación especial para la promoción y la construcción, y multas que suman 25.200 euros para cada uno de ellos.

Además, el fiscal solicita que indemnicen conjunta y solidariamente, al Principado de Asturias con 10.199,32 euros en concepto de limpieza, análisis de los daños, ingresos perdidos por el cierre durante dos meses y jornadas de trabajo del personal que tuvo que abandonar sus tareas habituales, y con 2.940,30 euros por el coste del informe de análisis químicos y microbiológicos de sedimentos; y por los daños causados en la cueva que, en su caso, se acrediten en ejecución de sentencia. Y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por los daños causados al arroyo que, en su caso, acredite en ejecución de sentencia. Todo ello, más los intereses legales correspondientes y las costas procesales.