El Alcalde apoya un acuerdo contra las políticas regionales en los planes de empleo

El Ayuntamiento de Oviedo aprobó ayer en junta de gobierno una propuesta en la que exige al Gobierno regional que se corresponsabilice del posible pago de indemnizaciones a los participantes en los planes de empleo municipales. El acuerdo al que se dio luz verde se corresponde esencialmente con una iniciativa presentada por IU, de la que este periódico había informado el pasado martes. Iván Álvarez, concejal de la coalición de izquierdas, instó ayer mismo al alcalde, Wenceslao López, a "dar un paso adelante y gestionar estas propuestas de forma inmediata, a poder ser desde este próximo lunes". De este modo, López, del PSOE, tendrá que impulsar esta medida reivindicativa ante la Consejería de Empleo dirigida por su mismo partido. "No tiene sentido promover un acuerdo político de este calado para luego demorar su tramitación", argumentó Álvarez.

La propuesta impulsada por IU se apoya en una cifra: 2,2 millones de euros. Éste es el coste que para las arcas del Ayuntamiento de Oviedo han supuesto las indemnizaciones derivadas del plan de empleo de 2014. Se trata de cuantías que los tribunales han condenado a pagar a personas que habían recibido un empleo temporal y que luego reclamaron a los jueces convertirse en personal fijo.

Según la coalición, la normativa vigente lesiona gravemente los intereses de los ayuntamientos, que pueden llegar a ser sancionados con multas muy abultadas a causa de las deficiencias de la citada norma. "Hay ayuntamientos que no pueden asumir los costes de las sentencias y optan por no arriesgar, lo que paraliza este tipo de planes y perjudica especialmente a la gente que más los necesita", señaló Iván Álvarez, quien agregó que la corresponsabilidad que reclama al Principado es una exigencia elemental, dado que "no se puede echar a rodar unos planes de empleo y luego mirar hacia otro lado cuando llegan las consecuencias".

La propuesta de IU fue apoyada por Somos y el PSOE en el marco de la junta de gobierno. Días atrás, durante una visita a la Feria de Muestras de Gijón, la teniente de alcalde Ana Taboada (Somos) había acusado al Gobierno regional de manifestar una "ausencia total de preocupación por los planes de empleo municipales". Asimismo, había urgido al Ejecutivo autonómico "a sacar, lo antes posible, y a hacer pública la convocatoria de los próximos planes de empleo municipales".

El acuerdo alcanzado en la junta de gobierno consta de tres apartados. En el primero, se exige a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que dé una explicación jurídica y política sobre el acuerdo con el Principado en materia de planes de empleo. Según un comunicado difundido por IU, los ayuntamientos "no disponen de suficiente información para tomar las decisiones encaminadas a asumir los planes de empleo". Además, se sugiere a la FACC que convoque una asamblea informativa dirigida a todos los Ayuntamientos.

En el segundo epígrafe se reclama al Ejecutivo regional y a la Federación Asturiana de Concejos que insten al Gobierno Central a realizar "las modificaciones normativas oportunas para establecer contratos específicos que permitan la contratación en las Administraciones para estos planes de empleo".

El tercer apartado tiene un componente transitorio, pero es el de mayor calado político, por cuanto exige al Alcalde mostrarse reivindicativo con la Administración regional, de su mismo signo político. "Mientras no haya un marco legal que permita actuar sin riesgos, se solicitará al Gobierno autonómico la supervisión y la corresponsabilidad de cada uno de los proyectos del plan de empleo, pues ya no se trata sólo de las responsabilidades patrimoniales de los concejales, sino que hay ayuntamientos que no pueden asumir los costes de las sentencias", señala la nota de IU.

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