Piden la expulsión de España de un marroquí por un robo en Oviedo y otro en Lugones
El hombre amenazó con una navaja a una de las víctimas para llevarse su móvil
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman 6 años y 7 meses de prisión, a sustituir por la expulsión de España, para un ciudadano marroquí acusado de dos robos, uno a punta de navaja en Oviedo y otro en Lugones. El Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo acogerá mañana dos vistas orales contra el mismo acusado por esos hechos, ambas señaladas a las 11,15 horas.
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El Ministerio Fiscal sostiene que el primero de los robos tuvo lugar en el descampado donde se celebraban las fiestas de Santa Isabel, en la localidad de Lugones, sobre las cuatro de la madrugada del día 30 de agosto del año 2015. El ministerio público defiende que el acusado se abalanzó sobre una persona "agarrándole con fuerza de la cintura" para sustraerle el teléfono móvil, valorado en 180 euros. Como consecuencia del forcejeo la víctima sufrió dolor en un dedo que no precisó de asistencia alguna.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia del artículo 242.1 del Código Penal y solicita que se condene al acusado a 2 años y 10 meses de prisión, a sustituir por la expulsión del territorio nacional durante 6 años, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El Ministerio Fiscal pide además que el acusado indemnice a la víctima con 180 euros.
El segundo de los robos, siempre según la versión de la Fiscalía, se habría producido sobre las 06,45 horas del 2 de julio de 2016. El ministerio público afirma que el acusado abordó a una persona cuando transitaba por la avenida Fundación Príncipe de Asturias de Oviedo colocándole una navaja en el abdomen. En ese momento le exigió que le entregara el móvil y huyó con el teléfono, tasado en 300 euros. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con intimidación de los artículos 237 y 242.1 y 3 del Código Penal y solicita que se condene al acusado a 3 años y 9 meses de prisión, que será sustituida por su expulsión del territorio español, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado abone las costas procesales y que indemnice a la víctima con 300 euros.
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