No es la primera vez que se pone en tela de juicio la seguridad del Carlos Tartiere. Un informe policial elaborado en mayo de 2017 para la Delegación del Gobierno, entonces dirigida por el exalcalde popular Gabino de Lorenzo, alertaba de numerosos fallos en el recinto de la Ería. Entre esas carencias figuraban fallos de mantenimiento que se traducían en planchas de hierro corroídas en los accesos superiores, aleros sueltos y barandillas de hormigón en franco deterioro, falta de sectorización del estadio para la adecuada ubicación de los espectadores o un deficiente funcionamiento de los hidrantes para facilitar una actuación de los Bomberos en caso de incendio.

Aquel informe motivó que el alcalde, el socialista Wenceslao López, convocara una reunión urgente de la junta de seguridad para analizar la situación del estadio. Tras el encuentro, el regidor aseguró que la Policía se equivocó en su diagnóstico y afirmó que los informes que obraban en poder del Ayuntamiento rebatían que existieran riesgos en la utilización del Tartiere.

Sobre el caso concreto de la estructura, el Alcalde afirmó que se había encargado a una empresa especializada un análisis de la situación que permitiera desarrollar un plan de actuaciones a partir de las prioridades más acuciantes. Las obras planteadas por los expertos no se han llegado ni a encargar porque el proyecto permanece bloqueado desde hace un año a causa de la disconformidad del funcionario encargado del contrato con su contenido.