El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo empieza el año con un nuevo conflicto en los tribunales. El juzgado número 3 de Oviedo acaba de fallar a favor de las reclamaciones de los vecinos de la calle Gascona por la autorización a fiestas y mercados en su barrio con informes negativos. El magistrado Miguel Ángel Carbajo ve, en concreto, "desviación de poder" en el permiso concedido en marzo del año pasado para la celebración del "mercado de la Gascuña" y envía la sentencia a la Fiscalía para que se depuren las responsabilidades penales del equipo de Gobierno que aprobó la actividad.
Se resuelve así, al menos en primera instancia, uno de las tres causas judiciales abiertas por los vecinos contra la actividad de ferias y mercados de la calle Gascona, que, denuncian, impiden la vida normal y vulneran las normas de seguridad. Además de la tradicional preba de la sidra, también pendiente de fallo en los tribunales administrativos, a finales de año la asociación de vecinos acumuló sus quejas para formular una denuncia penal contra el equipo de Gobierno por no hacerles caso en sus quejas.
Esa última vía es a la que apunta también la decisión del juez que les ha dado la razón en lo referido a la feria de la Gascuña al mandar la sentencia a la Fiscalía y pedir que investigue los supuestos delitos de prevaricación administrativa. En síntesis, el argumento que subyace es el mismo. El equipo de Gobierno habría autorizado este tipo de actividades pese a distintos informes técnicos negativos, por más que fuentes del gobierno insisten en que los técnicos no pusieron reparos a que se desarrollara esta actividad.
En el caso de Gascuña, según se desprende de la sentencia, no fue así. La feria había quedado suspendida cautelarmente a petición de los vecinos y llegó a celebrarse una edición en diciembre, al no afrontar la asociación vecinal el pago de la prima que los hosteleros exigían para mantener la suspensión cautelar.
El fallo del número 3 considera probado, no obstante, que en repetidas ocasiones los técnicos municipales emitieron informes negativos que habrían impedido autorizar la actividad. El servicio de Infraestructuras es el que más documentación aportó a la causa, recalcando que la zona no estaba recogida dentro de la ordenanza municipal como zona de mercados. En otra ocasión, de nuevo Infraestructuras señala que la actividad no garantiza las condiciones higénico-sanitarias. Y una vez más se hace eco el mismo área de otro informe de la Policía municipal en el que se advierte que una feria de este tipo y dada la ocupación que ya existe con las terrazas, impediría que se cumplieran las medidas de seguridad necesarias.
En su análisis, el juez deja caer varios palos al funcionamiento del Ayuntamiento de Oviedo. Así, a los reiterados informes de los servicios, al magistrado le sorprende que los técnicos se pronuncien sin que nadie se lo haya pedido, "algo que parece que es práctica habitual en los servicios municipales del Ayuntamiento de Oviedo", apostilla el juez Miguel Ángel Carbajo.
Pero lo que parece que más le indigna es que a pesar de la existencia de todos esos informes el Ayuntamiento aprobara el mercado. "Es evidente, a la vista de lo expuesto, la grosera desviación de poder en que ha incurrido la Administración en la tramitación del presente expediente que ha concluido con la autorización del Mercado de la Gascona, que parece que era la finalidad última que perseguía la Junta de Gobierno". Y añade que la falta de motivación mínima que le lleva a discrepar de los informes técnicos "parece que está guiada por el puro voluntarismo y arbitrariedad de conceder la autorización en base a fines que nos resultan ignotos, pero que desde luego se encuentran en las antípodas de la legalidad que debe presidir el actuar administrativo".
"La Administración", concluye el juez, "ha incurrido en una clara desviación de poder a la hora de autorizar el Mercado de Gascona, [...] movido por el designio inevitable de autorizar el evento, al margen de las advertencias que hacían saber los técnicos municipales al órgano decisor de la ilegalidad de tal actuación, comprometiendo seriamente los intereses de terceros, incluso la seguridad pública, a pesar de lo cual, nada impidió autorizar de forma lacónica lo interesado". El magistrado censura en tono muy duro el proceder del tripartito de Oviedo, al observar "una total y absoluta omisión de la defensa de los intereses públicos", lo que le lleva a contemplar la posibilidad de "un delito de prevaricación administrativa" y a enviar la sentencia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias para depurar "las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo que adoptaron con su voto favorable el acuerdo de 2 de marzo de 2018".
El fallo del número 3, que anula el acuerdo por el que se autorizó la fiesta, llega cuando todavía queda por resolver otro recurso similar sobre la preba de la sidra y cuando los abogados de los vecinos, el despacho De la Iglesia y Teijelo, acaba de plantear otra denuncia por lo penal al sentirse desasistidos por el equipo de Gobierno
