En el año 2013, el Ayuntamiento necesitaba contratar a periodistas pero no podía hacerlo. Por eso trató de colar a dos personas a través del contrato de Informática haciéndolas pasar por responsables de redes sociales, y sólo cuando el grupo Foro pidió documentación sobre la presencia de esos trabajadores en el área de Prensa empezaron a generarse papeles para tratar de justificar esos contratos. Esas son, según las conclusiones de la Fiscal, las intenciones y decisiones que se tomaron a comienzos del 2013 por parte de los jefes de Prensa, Rodolfo Sánchez, Modernización, Ignacio Huerta, y por los empresarios de Asac Maximino Fernández y Marco Antonio Prieto, y por las que ayer, en la última jornada del juicio, mantuvo su petición de cinco y tres años de cárcel y nueve de inhabilitación.

La Fiscal aseguró que no cuestiona que Huerta elaborara un informe sobre la posibilidad de que las redes sociales se atendieran dentro del contrato de Informática, sino que ese papel no llegara a ningún servicio ni nada se hiciera con él hasta que el grupo Foro empezó a preguntar por la situación: "No es que falte un trámite", resumió ayer, "es que no se ha dado traslado a ninguno; la irregularidad es de tal calibre que excede la mera descoordinación o el error de tramitación". La Fiscal insistió en que en la misma área de prensa otros trabajadores habían entrado en la plantilla municipal por una denuncia de cesión ilegal de trabajadores y que este era el objetivo último, fallido, de esta operación. Insistió en que los cuatro acusados actuaron juntos porque sólo así podía llevarse a cabo todo el plan y manifestó que es "hasta cierto punto sospechoso la ausencia de coordinación" que declaró el jefe de Prensa con los trabajadores contratados entonces.

Los abogados del jefe de Prensa, del de Modernización y de los empresarios, Francisco Javier García, Ángel Bernal y Luis Tuero, respectivamente, pidieron la absolución por falta de pruebas. En el primer caso, porque el jefe de Prensa no tuvo nada que ver con estos papeles. En el de Huerta, porque admitió los hechos en todo momento. Y en el de los empresarios, porque no tenían ninguna capacidad de maniobrar en la administración.