La acusada de desvalijar el bar del que iba a ser desahuciada dice que todo era suyo

"Vendió hasta los filtros de las campanas", dicen en el juicio los dueños del local, que sostienen que el negocio estaba "totalmente equipado"

La acusada, de espaldas, con su abogada, Rebeca Vijande, al fondo, ayer, durante el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. | LNE

La acusada, de espaldas, con su abogada, Rebeca Vijande, al fondo, ayer, durante el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. | LNE / Lucas Blanco

"Compré todo a medias con el dueño, si vendí algo es porque creía que también era mío". Así se defendió este jueves la mujer acusada de apropiación indebida por vender el mobiliario del bar de La Corredoria del que iba a ser desahuciada por impago. Su versión, dada durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial, chocó con la del matrimonio propietario del local, los cuales desmintieron la de la procesada. "Lo desvalijó todo en cuanto la denunciamos por llevar tres meses sin pagar la renta. Vendió hasta los filtros de la campana", señaló ante la sala la dueña del establecimiento.

La acusada se aferró a una grabación presentada como prueba en la que supuestamente el propietario del establecimiento reconoce tener con ella un contrato al 50%. Sin embargo, no pudo responder a las preguntas de la fiscal sobre por qué dicho acuerdo no figura en el contrato de arrendamiento firmado en el año 2017. "Firmé, pero él dijo que íbamos a medias", sostuvo, asegurando que el dueño inmueble era el que llevaba la recaudación y negociación con proveedores.

Ante estas afirmaciones, el dueño negó la mayor. "Firmamos un contrato normal de arrendamiento y le dimos el bar totalmente equipado", explicó en contra de lo manifestado por la procesada, quien afirmó haber transformado el establecimiento al coger las riendas. "Estaba montado como pub y lo equipamos como cafetería mediante acuerdos con los proveedores", relató.

Según el escrito de acusación, la mujer vendió a través de internet mobiliario por valor de más de 52.000 euros, hechos por los cuales la Fiscalía solicita una pena de año y medio de cárcel. La acusación particular, por su parte, reclama cinco años de prisión, además de la devolución del dinero. El juicio quedó visto para sentencia.

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