El plan de La Vega, listo para su firma: el puñetazo en la mesa que lo desbloqueó todo

El futuro urbanístico de los 120.000 metros cuadrados de La Vega, sus naves y su patrimonio, acaba de volver a quedar desatascado tras casi medio año atrapado en una negociación entre su actual propietario, el Ministerio de Defensa, y la Entidad Pública del Suelo, Sepes, de la cartera de Vivienda, que aspira a desarrollar allí vivienda asequible. No es tanto que el convenio de La Vega vuelva a la casilla de salida como que, en términos de un supuesto juego de la oca, acaba de salir del pozo tras pasarse varios turnos sin lanzar los dados y se dispone a retomar su tramitación allí donde quedó detenida, en los pasados meses de verano. Así se lo ha dicho Defensa al Ayuntamiento y al Principado a través de una comunicación en la que han solicitado a las administraciones que vuelvan a tramitar el último borrador en el que se habían puesto de acuerdo, el de 27 de julio.

El convenio es el mismo que estuvo a punto de llevarse a aprobación inicial al Pleno municipal en verano, pero incluye tres modificaciones en la cláusula tercera determinación quinta para garantizar la participación de Sepes en la operación y el desarrollo en La Vega de esa vivienda pública. En primer lugar, se elimina la referencia al reparto de 70% de vivienda libre y 30% protegida en los 100.000 metros cuadrados de edificabilidad. Además, se indica que Defensa pondrá la superficie a disposición de Sepes en los términos señalados en el acuerdo del Consejo de Ministros del 9 de mayo, en el que el gobierno de Pedro Sánchez sumaba al plan nacional de desarrollo de vivienda asequible la parcela de La Vega. Por último, se añade que la entidad Sepes acordará con posterioridad a la enajenación de los terrenos los porcentajes que en cada caso le correspondan.

La inclusión de estas cláusulas habían motivado en verano que Defensa mandara parar la tramitación, al tener que pedir de nuevo informes a sus distintos servicios para dar el visto bueno a la introducción de Sepes en la operación. Con posterioridad, y cuando ya habían pasado otros dos meses, en octubre, se supo que Defensa y Sepes, entonces dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), habían establecido una comisión mixta para analizar la forma en que daban salida a La Vega. Otras operaciones similares en las que Sepes quería intervenir se habían ido resolviendo en otras reuniones del Consejo de Ministros, como fue el de "Campamento", en Madrid.

En el caso de Oviedo, se especuló con las dificultades que Defensa y Sepes encontraban para ponerse de acuerdo. De una parte, señalaban algunas fuentes, la pretensión de Defensa era rentabilizar sus propiedades de la mejor forma posible, mientras Sepes buscaba, suelos edificables sobre los que poder operar de forma inmediata, cuestión que en La Vega no es posible al no haberse modificado todavía el planeamiento y ser todavía suelo industrial.

A las posibles soluciones que ese atasco en el futuro de La Vega había producido, finalmente se ha optado por la más sencilla, el regreso a la situación de partida. Defensa quiere tramitar el convenio urbanístico en los términos ya citados, que incluyen la posterior aparición de Sepes, y cuando el planeamiento de la parcela ya se haya desarrollado y los suelos estén listos para acoger pisos, la entidad pública del suelo aparecerá para promover su vivienda asequible.

El desempate de la operación se resolvió con tanta urgencia que inicialmente el gobierno central quiso citar a las partes implicadas este mismo jueves para firmar el convenio. La pretensión resultaba imposible, pues cada una de las partes deben hacer la tramitación correspondiente para poder suscribir el convenio, y en el caso del Ayuntamiento de Oviedo un convenio urbanístico exige una aprobación inicial en el Pleno, un mes de información pública y una aprobación definitiva.

Cuestión distinta es que las partes quieran escenificar antes de fin de año que hay un acuerdo sobre los términos en que está redactado ese borrador, aunque las fuentes consultadas han descartado que por el momento haya necesidad. La orden que se han dado todas las partes es la de tramitar con la mayor urgencia posible el convenio, en la forma en que cada uno tenga que hacerlo.

El resto de los términos del acuerdo son los ya conocidos. Los aprovechamientos urbanísticos, sin prácticamente ninguna afectación al patrimonio industrial, los promoverá Sepes para hacer vivienda asequible. Se mantendrán la mayoría de los chalés y la práctica totalidad de las naves, que pasarán a manos municipales. El Ayuntamiento desarrollará una gran zona verde y equipamientos dotacionales. El Principado adquirirá la nave de cañones e instalará allí el germen de un polo biosanitario que quieren hacer crecer en la parcela.

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