El largo periplo en los tribunales por el cierre por orden judicial del crematorio del tanatorio Meana, parece concluido. La Justicia ha aceptado el recurso de casación del Ayuntamiento de Siero en el que solicitaba una sustancial rebaja en la indemnización a la empresa, a la que se le había concedido inicialmente permiso para su instalación, aunque luego hubo de clausurarse. El Consistorio solo habrá de pagar 95.000 euros en vez de los 308.325 que solicitaba en un principio la propiedad del crematorio.
La licencia para la apertura del crematorio se solicitó en 2013. Una vez concedida y puesta en marcha la instalación, los problemas comenzaron con las protestas vecinales, que advertían olores y humos próximos a las viviendas situadas cerca. Llegaron a producirse manifestaciones y los afectados acudieron a la Justicia, que finalmente dictó el cierre de la instalación. Al haber recibido permiso municipal, la funeraria se consideró perjudicada y reclamó judicialmente los costes del proyecto. Inicialmente, la cuantía solicitada era de 308.325 euros.
Tras un primer recurso, se consideró que no podían reclamar varios de los gastos que reflejaban. Entre ellos, el de defensa jurídica, el de daño moral, o la redacción del proyecto de obra, entendiendo que este último tenían que llevarlo a cabo antes de solicitar la licencia, se la concedieran posteriormente o no. Pero sí se estimaban otros, por una cantidad de 166.522 euros.
El Consistorio presentó entonces recurso de casación para evitar el pago íntegro del horno crematorio. Finalmente, la Justicia ha aceptado que el Ayuntamiento solo debía hacerse cargo “de la depreciación del bien”, dejando la indemnización en 95.000 euros.
