Decreto de fiscalía
l Los hechos denunciados revisten caracteres «de un delito contra el patrimonio histórico del artículo 324 del Código Penal, que tipifica la conducta de quien por imprudencia grave cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental». El delito prescribió.
l La decisión de meter el material en un «lugar totalmente inadecuado» es reponsabilidad «del director o directores de la excavación, como máximos responsables de la misma».
Propuesta del PP
l Solicitará en la Junta General del Principado la apertura de una comisión de investigación que depure responsabilidades políticas y administrativas.
l Exige la inmediata destitución del director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime como responsable de un delito contra el patrimonio regional, aunque en el campo penal haya prescrito.
l Exigencia de un desarrollo de la ley de patrimonio que permita la creación de las comisiones que se consideran en la norma, lo que, según los populares, clarificaría la gestión en el ámbito de la arqueología regional.
