La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, propuso ayer, durante una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal destinada a limitar la interpretación de los jueces en los casos de delitos sexuales y violencia machista.

"Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no", afirmó Calvo, que defiende una modificación en el Código Penal similar a las que se ha introducido en países como Suecia o Alemania, que marcan la frontera de la violación en el consentimiento de la víctima. La ministra se refirió expresamente a la legislación de estos dos países durante su intervención.

El debate en torno a las fronteras entre el abuso sexual y la violación se abrió a raíz de la sentencia del caso de "la Manada", en la que tres magistrados no consideraron que la acción de los condenados, los cinco jóvenes sevillanos que en los Sanfermines de 2016 forzaron a una chica de 18 años en un portal, fuese una violación, por lo que sólo se les condenó por abuso sexual continuado, con penas de nueve años de prisión. "No podemos volver a pasar por ningún espacio donde, a través de la interpretación, se entienda que lo que es un gravísimo delito contra nosotras no se considere como tal", reclamó la ministra. Para la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, la ministra anticipó que se incorporará a juristas feministas "alejadas de la perspectiva de género", para poder tener "una revisión solvente".

Esfuerzos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió ayer, en la presentación de Francisco Pardo como director de la Policía Nacional, a redoblar esfuerzos en la lucha contra la violencia machista y sexual, y a incorporar incentivos para que la cuerpo cuente con más mujeres. En la actualidad, un 14% de los agentes de la Policía Nacional son mujeres. "A más igualdad, más seguridad y un país mejor", afirmó el ministro. Además de frenar la violencia machista, Grande-Marlaska fijó también como prioridades la lucha contra el terrorismo y la trata de seres humanos, entre otras.