Un total de 38 residencias geriátricas españolas están sometidas a una investigación penal por la Fiscalía para analizar la gestión que han realizado de la pandemia del COVID-19. La mitad de estos centros son de la Comunidad de Madrid. Pero además hay abiertas otras 124 diligencias dentro del ámbito civil en el conjunto del país. En Asturias no hay ningún expediente abierto.
La Fiscalía General del Estado confirmó ayer estas investigaciones penales y explicó su distribución por comunidades autónomas, Así, 19 de ellas corresponden a residencias de Madrid, 7 de Cataluña, 5 de Castilla-La Mancha, 2 de Castilla y León y otras tantas de Murcia, una de Canarias, de la Comunidad Valenciana y de Cantabria.
El ministerio público ha indicado que esta cifra no es definitiva y que puede aumentar en los próximos días porque estos datos provienen de las fiscalías provinciales, que remiten la información a las superiores y estas a la Fiscalía General, por lo que es posible que se hayan abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha información. Por eso los datos se actualizarán el martes,
Lo que no ha precisado la Fiscalía General del Estado son los presuntos delitos por los que se investiga a estos centros ni sus nombres.
La Fiscalía Superior de Asturias, que encabeza Esther Fernández, confirmó ayer que "en Asturias no hubo ninguna denuncia ni ninguna situación que hiciera abrir de oficio ninguna diligencia penal".
La Fiscalía Superior del Principado anunció el pasado 25 de marzo que recabaría datos y analizaría la situación en los geriátricos asturianos, tanto públicos como privados, para conocer la existencia no solo de posibles personas enfermas o fallecidas a consecuencia del COVID-19, sino también aquellas circunstancias asistenciales que pudieran suponer un riesgo innecesario para los residentes y trabajadores de los establecimientos.
La Fiscalía solicitó información al Principado, a través de la Dirección General de Gestión de Servicios Sociales, y también por escrito y vía telefónica, a residencias públicas y privadas de la región. Algunas remitieron directamente la información requerida y el resto confirmó que lo haría a través de la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, que centralizó la recepción de toda la documentación.
En el orden civil, las fiscalías superiores han abierto 124 expedientes, tanto a residencias como a usuarios en el ámbito de protección de sus derechos.
Por otra parte, el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias en las que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otros.
