Las preguntas capciosas del barómetro del CIS sobre la necesidad de centralizar la información, el desliz del general José Manuel Santiago sobre "minimizar" el clima contrario al Gobierno o los mensajes que de forma reiterada se vienen lanzando desde el Gobierno para acabar con los bulos están creando la impresión de que la libertad de expresión y de información podrían estar amenazadas. Lo más amargo es que todo ese clima lo está creando un Gobierno progresista, que en teoría tendría que ser más favorable a las libertades. Sin embargo, también este tipo de gobiernos han estado peleados en España con la libre comunicación. No hay más que mirar a la II República, cuyo primer Gobierno, presidido por Manuel Azaña, aprobó no una, sino dos leyes que recortaron drásticamente la libertad de prensa: una, la de Defensa de la República, y más tarde, la de Orden Público. Lo sostiene la investigadora Carmen Martínez Pineda, que publicó el año pasado "Libertad secuestrada: la censura de prensa en la II República" (Última Línea). A los republicanos no les tembló el pulso con la censura, multar a periódicos e incluso clausurarlos largas temporadas, como le ocurrió al monárquico "ABC", un medio desafecto que los censores "leían con lupa".
A esta profesora de literatura en excedencia, hoy confinada en Holanda, lo que se está escuchando estos días en España le trae "un recuerdo bastante cercano de lo que ocurrió al inicio de la República. Bajo el paraguas de la supuesta excepcionalidad creada por la pandemia, hay una propensión excesiva a gobernar por decreto. Lo mismo se vio en la República, que fue asfixiando la capacidad de la prensa de informar con libertad".
Sobre todo, le ha preocupado escuchar al ministro del Interior, el magistrado Fernando Grande-Marlaska, diciendo que es necesario reforzar la legislación para evitar la circulación de bulos. "Es preocupante que estén planteando un endurecimiento. ¿En qué sentido? Porque ya hay una legislación para ejercer la libertad de expresión, ya hay unos límites establecidos. Quiero creer que no quieren traspasar la línea que quebrantaron los gobernantes republicanos: en un Estado de Derecho, un Gobierno no puede arrogarse potestades competencia de los jueces, no puede ser que la autoridad gubernativa sea la que imponga una sanción o decrete el cierre de un diario", indica Carmen Martínez.
Según esta investigadora, la ley de Defensa de la República trataba de preservar a l régimen naciente y sus instituciones de las noticias nocivas y de aquellos que pretendían lesionar la tranquilidad del régimen. "Se aprobó en octubre de 1931, pero cuando esta se demostró incapaz de mantener el control, se aprobó la ley de Orden Público, en julio de 1933, que permitía declarar el estado de excepción", añade. Esta ley, aunque aprobada por el Gobierno de Azaña, fue profusamente utilizada en el bienio de gobiernos de derecha.
"La ley de Defensa de la República permitía imponer multas, órdenes de secuestro y cierre de periódicos por hacer informaciones que podían ser lesivas para las instituciones republicanas. Ni siquiera tenían por qué ser ataques virulentos; se censuraban las informaciones incómodas, y había un celo especial en el control de los periódicos desafectos, como el 'ABC'. Un editorial de este periódico llegó a defender que era preferible la censura previa, antes que cerrar el periódico durante semanas o meses, porque eso ponía en riesgo su existencia misma", explica.
La ley de Defensa de la República se utilizó con profusión en agosto de 1932, cuando el Gobierno republicano-socialista suspendió 120 periódicos a los que consideraba desafectos para que no publicasen reseña alguna sobre el golpe de Sanjurjo. Los ministros de Gobernación remitían telegramas a los gobernadores civiles para ordenar la censura, se llegaba a detener a periodistas e incluso se interceptaban llamadas telefónicas y telegramas.
El periodismo era entonces una profesión de riesgo. En su libro, Martínez da cuenta de un episodio que tuvo lugar en Oviedo, durante la represión de la Revolución del 34, y que ilustra las dificultades de informar en la época. El protagonista fue el periodista Luis Higón, que firmaba como Luis de Sirval en "El Mercantil Valenciano". El 25 de octubre llegó a la región y supo de la ejecución extrajudicial de ocho comunistas, entre ellas la adolescente Aida de la Fuente. Publicó dos reportajes y en el tercero iba a desvelar la responsabilidad del teniente de la Legión Dimitri Ivanov, pero cometió el error de divulgarlo en un café ante unos legionarios, que terminaron informando a su superior. "Higón fue arrestado e Ivanov le pegó un tiro en el patio de la Comisaría de Oviedo", relata Carmen Martínez. "Fue un escándalo de dimensiones mayúsculas. Hubo un juicio en el 35, con 27 testimonios, pero el teniente solo fue condenado por homicidio accidental a seis meses de prisión, que cumplió en un hospital, lo que generó un escándalo. Es un episodio que refleja la ausencia de libertades durante la República, fue una constante cotidiana. Si no es por la Revolución de Asturias, no se hubiese recrudecido tanto la censura", añade. Este asesinato provocó un movimiento de protesta en el que participaron intelectuales de la talla de Unamuno, Machado y Juan Ramón Jiménez.
De vuelta a la actualidad, Carmen Martínez considera que, a pesar de las voces en favor de atar en corto a los medios de comunicación, es imposible aplicar la censura: "Hay organismos internacionales por encima de nosotros que no permitirían medidas de carácter restrictivo, aunque esa tentación de controlar la prensa es peligrosa".
