Más de 600 colectivos de toda España –entre ellos, asturianos– y unas 11.000 personas se han adherido al manifiesto “Feministas por los derechos de las personas trans” en respaldo a una ley que garantice a estas “su derecho a la autodeterminación de género, que subsane el desamparo normativo en el que se encuentran y que elimine la desigualad a la que se enfrentan en la actualidad”. Días atrás se cerró el proceso de recaudación de firmas con evidente éxito.
Ocho reconocidas feministas españolas registraron ya el pasado noviembre en el Congreso una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para denunciar que algunas de las propuestas incluidas en la citada ley trans que impulsa el Ministerio de Igualdad de Irene Montero (Unidas Podemos) “vulneran los derechos de las mujeres al reconocer el género como identidad”, lo que tiraría por la borda años de lucha y logros de derechos históricos para estas porque, en última instancia, acaban borradas en las leyes de igualdad. Entres las firmantes, reputadas figuras del movimiento en España, muchas allegadas y vinculadas al PSOE, como la filósofa asturiana Amelia Valcárcel; la filosofa, escritora y exasesora de la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, la también asturiana Alicia Miyares; o la exdiputada socialista Ángeles Álvarez.
El debate está servido: la batalla de género frente a sexo, la idoneidad o no de reconocer a las personas el derecho a definir su identidad de género. No hay un asunto en la actualidad que tensione tanto al feminismo español, dividido entre corrientes y colectivos que libran una (de momento) soterrada batalla y, en ocasiones, virulenta en las redes sociales.
Lo más chocante de todo es que el texto no existe. Ni siquiera hay un borrador de una ley que ha generado ya posiciones tan enfrentadas. En noviembre Montero abrió el trámite de consulta pública de la norma, previo a la realización del proyecto. El texto aún se prepara en el seno del gobierno y la idea de la Ministra, tal y como señaló esta misma semana en una entrevista en TVE, es empezar a tramitarla en la primera quincena de febrero.
La elaboración en el seno del gobierno no sé prevé fácil, tal y como ha reconocido la propia Montero, que negocia directamente con la vicepresidenta Carmen Calvo. Porque paralelo al debate teórico en el seno del movimiento feminista fluye otro de carácter político: la firme decisión de ambos partidos de “marcar territorio” y tener protagonismo en las siempre agradecidas políticas de igualdad, un área que –se dice– fue “arrebatada” por la formación morada a sus ahora socios en la negociación del pacto de gobierno. El pulso ha empezado.
Ambos partidos tendrían, por decirlo de alguna manera, diferentes ideas de qué es y debe defender el feminismo. El PSOE estaría más cercano a los postulados del llamado clásico, histórico o tradicional; Podemos, alineado con los de la identidad de género basada en la “teoría queer”, definida –porque no todo el mundo está familiarizado con este neologismo– como “conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social, que varía en cada sociedad”.
Las diferencias con Calvo han sido reconocidas por Montero que es, no obstante, optimista ante un acuerdo. «La vicepresidenta primera y yo no solo tenemos voluntad de llegar a acuerdos, sino que podemos demostrar que, cuando las feministas nos sentamos, a pesar de tener diferencias, también somos capaces de construir buenos acuerdos”. No obstante, en su ánimo está mantener la identidad de género en la ley porque, dice, es una “exigencia de organismos internacionales”. Con todo, se muestra muy prudente.
Prudencia y paciencia es lo que piden (y exhiben) las diputadas asturianas Adriana Lastra –portavoz del PSOE en el Congreso– y Sofía Castañón, de Unidas Podemos al hablar con LA NUEVA ESPAÑA. Lastra elude valorar tanto el debate en el seno del feminismo –“no me puedo referir a un comunicado sobre un texto que no se conoce”, dice respecto a la Carta abierta a Pedro Sánchez– como el contenido de la futura ley: “Está en proceso de elaboración en el gobierno, aún no está en las Cortes, y aún no conocemos su contenido. Una vez aprobada en el gobierno, será apoyada por lo grupos que lo sustentan”. Por su parte, Sofía Castañón dice no entender que haya ya tanta polémica “sobre un texto que no se conoce” y opina que “hay más ruido que sustancia” en el debate generado: “El feminismo no va a avanzar menos por cuestiones de este tipo, sino al contrario”.
Con todo, ambas coinciden en la necesidad de la defensa de los derechos de las personas trans, algo con lo que no se meten (de hecho defienden) las feministas de la órbita de la izquierda contrarias, no obstante, a la ley que, entre otros asuntos, incluye la "despatologización" de tal opción. “Tanto en el programa del PSOE como en el acuerdo de gobierno se recoge la necesidad del reconocimiento de derechos al colectivo trans-LGTBI”, apunta Adriana Lastra.
Sofía Castañón recuerda que 14 comunidades ya reconocen la determinación de género en España. “Tienen y han impulsado leyes que buscan proteger los derechos de las personas trans”, señala. No entiende ni comparte la advertencia y crítica del feminismo clásico –“que yo sepa Justa Montero es una histórica y defiende los derechos trans”–, pues cree que tal ley “es coherente con lo que defiende el feminismo”, entre algunas cuestiones, la lucha contra “el heteropatriarcado y la vulneración de derechos” que este genera.
Castañón rechaza que se “ponga en cuestión” el legado feminista y que se “borre” a las mujeres con una ley para arropar a un colectivo tan desfavorecido como es el trans. Y resume: “Lo único que atenta hoy en día contra el feminismo es la ultraderecha”.
UNA NORMA QUE "DESPATOLOGIZA" A LOS TRANS PERO "BORRA" A LA MUJER
En el ánimo del Gobierno de España está sacar adelante una ley que garantice la igualdad plena y efectiva de las personas trans, algo que figura en el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos. Aún no hay texto, ni siquiera borrador, pero lo poco que se conoce ya ha generado posiciones encontradas.
La futura norma incluirá los requisitos que debe cumplir una persona trans para cambiar su sexo y el nombre en el DNI, algo que en realidad no es nada nuevo, pues ya se venía trabajando en ello desde la primera piedra puesta por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la ley de 2007. El compromiso es eliminar los requisitos médicos –“despatologizar”– para que las personas trans puedan cambiar de sexo en el registro, un avance fundamental que celebran: su sola voluntad de cambiar de sexo bastaría para que se lo reconozca el Estado, que ahora no exige estar operado pero sí un informe médico.
Hasta aquí, ningún problema. Los grupos feministas que han puesto el grito en el cielo por la norma no se meten con tal aspecto ni mucho menos, sino con la espinosa “identidad de género”, un concepto que se utiliza con preferencia sobre el de sexo. Avisan que es un arma de doble filo y puede abrir el melón de tratar de cuestionar los derechos conquistados por y para la mujer. Porque, dicen los críticos, se “borra” a esta y si algo no existe no tiene derechos. El sexo no se puede elegir (o se es hombre o se es mujer), es una realidad biológica; el género, sí, y por tanto da pie a la construcción cultural de estereotipos.
Al margen del debate, están los derechos y la protección de los trans en una ley que reclama desde hace mucho tiempo la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB). La estigmatización del colectivo se apoya en datos como que una de cada diez personas trans son discriminadas en el trabajo y el paro afecta al 85 por ciento.
