“Quedarnos en el paro no es una opción. Si no nos contratan en la universidad, nos marcharemos a la empresa privada”. Es la advertencia que hacen los jóvenes investigadores afectados en Asturias por la reforma laboral. La nueva ley ha suprimidos los contratos por obra y servicio, los que se utilizaban para fichar a personal con cargo a proyectos de investigación, y no contempla, por ahora, más solución que firmar convenios por solo seis meses y siempre y cuando se lancen antes del día 30 de marzo. Lo que sucederá después queda en manos de la futura ley de Ciencia, aún en fase de tramitación parlamentaria. Todo este escenario de “mucha incertidumbre”, en palabras de los científicos, pone a la Universidad de Oviedo en riesgo de perder talento tanto regional como de fuera. Los visados de los extranjeros se expiden por los meses de contrato. Si se acaba y no se renueva, “nos volvemos para casa”, afirman.
La institución académica está tramitando en estos momentos un centenar de contratos de seis meses. Uno de ellos lo acaba de firmar el físico Jorge Rodríguez Muro con el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA). “En un principio iba a ser contratado hasta 2024, pero esta ha sido la única posibilidad que nos ha quedado”, cuenta. El estudiante del máster de Física Avanzada considera que la reforma laboral “era necesaria y a la larga será positiva”, pero lamenta que “no se haya tenido en cuenta campos como la investigación”. “Confío en que la situación mejore en un futuro próximo”, apunta Rodríguez, que aspira a realizar el doctorado en Asturias.
El ingeniero eléctrico Ignacio Martínez Casals es otro de los jóvenes investigadores afectados por los cambios. “Tengo uno de esos contratos de seis meses. Es incierto, ¿no? En vez de asegurarte dos años, aseguras solo medio año. Y eso yo, que he firmado antes del 30 de este mes. Pero, ¿qué pasará con quienes acaben el contrato en abril? Y después de esos seis meses no sabemos muy bien lo que va a pasar”, expone. Para este ingeniero ovetense lo lógico hubiese sido hacerlo “al revés”. Es decir, “en vez de sacar una reforma y luego pensar una alternativa para la ciencia, haber sacado primero la alternativa y después la ley”.
Por desgracia, la situación en los laboratorios es “muy incierta”, como señala una bióloga postdoctoral que prefiere mantenerse en el anonimato. “Una vez finalice mi contrato de seis meses, las posibilidades de conseguir financiación para continuar con mi trabajo son muy limitadas. De hecho, esta situación está haciendo que me plantee buscar un hueco en la empresa privada”, comenta. En su opinión, la reforma laboral “ha afectado negativamente a muchísimos investigadores que de repente se ven sin financiación para seguir con sus proyectos o que cuentan con financiación pero se ha restringido su uso y no pueden utilizar el presupuesto para contratos”. Y no solo eso, agrega, “hemos pasado de poder tener contratos relativamente largos, de uno a dos años, a intentar llevar un proyecto a base de tramos de seis meses, cosa que es bastante difícil”. “Al final, intentar acabar con la precariedad laboral por los métodos implantados con esta reforma ha empeorado significativamente la situación de la investigación en España, cosa que de verdad espero que solucionen con la nueva ley (de Ciencia)”, remata.
En menor o mayor medida, los cambios legislativos influyen en todos los investigadores que están iniciando sus carreras. “La opción de irte al paro no la barajamos, porque si no me contratan aquí, me voy a la empresa”, dice la ovetense Lidia Sánchez, investigadora en el departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas. Por suerte, la joven estará contratada hasta finales de 2023. Pero la puerta del sector privado la tienen abierta casi todos los científicos, al menos de la rama de ingeniería. Este es el caso de Pablo Lozano, natural de Badajoz, y de Miguel Fernández- Mena, de Granada. “Me interesa tocar la industria, ya sea por seis meses o por un año. En parte, mi decisión está influida por todo este escenario de mucha incertidumbre que estamos viviendo. Lo mismo hay un cambio de gobierno y hacen otra reforma. La ciencia siempre es el daño colateral”, lamenta. Con el añadido, dice Ignacio Martínez, que “la empresa paga más por la misma investigación que desarrollas en la universidad”. “Tener que renovar un contrato cada seis meses no te da estabilidad”, protesta la avilesina Sara Roos-Hoefgeest, con ayuda “Severo Ochoa” para cuatro años.
Profesionales extranjeros
Especialmente delicada es la situación de los extranjeros. No solo está en juego que el talento regional y nacional se vaya, sino que los pocos científicos internacionales que capta Asturias se pueden irse. A Ahmed Abouzeid, de Egipto, se le acaba el contrato a finales de mayo. Si no arreglan su renovación, “me tendré que volver a casa”. Lleva tres años en el grupo de Accionamientos Eléctricos y Convertidores de Potencia, que lidera el catedrático Fernando Briz, y su visado va asociado a la duración del contrato. Otro problema añadido es que no puede traer a su mujer por problemas burocráticos. “Todo el papeleo que tenemos que hacer con el visado es un rollo y la cantidad de tiempo que pierden los profesores por ello es tremendo”, se queja Mariam Saeed, también egipcia, que lleva siete años en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Ella, que ha cumplido dos años de postdoc, está contratada hasta finales de 2022. “Me gustaría continuar aquí, pero hay pocas oportunidades. Si no es en la universidad, miraré en la empresa”, asegura. En una situación parecida están los ingenieros Tadele Yirisaw, de Etiopía, y Paúl Frutos, de Ecuador.
Los rectores exigen al Ministro una “solución inminente” al problema de contratación por la reforma laboral
El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, junto a sus homólogos del G-9 (Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, El País Vasco, Navarra y Zaragoza), pidió ayer al ministro de Universidades, Joan Subirats, una “solución inminente” a los problemas de contratación que está generando en el sistema científico la reforma laboral. Los responsables académicos trasladaron al Ministro, en una reunión celebrada en Toledo, su “máxima preocupación” por la situación actual y advirtieron que la nueva ley “pone en peligro la continuidad de miles de investigadores universitarios”.
“Este asunto –expusieron– podría subsanarse si su desarrollo se coordina con la modificación de la ley de la Ciencia, que se encuentra en tramitación parlamentaria, mediante la regulación de una figura contractual determinada para la investigación y la transferencia del conocimiento, atendiendo a su especificidad, al igual que ha ocurrido para otros sectores como el de la cultura”.
La reforma laboral no fue el único tema que se trató en el encuentro con el titular de Universidades. Los rectores del G-9 también solicitaron a Subirats que “haga las gestiones oportunas para eliminar la tasa de reposición” y, una vez suprimida, que permita a las universidades, en colaboración con los gobiernos autonómicos, desarrollar políticas de personal adaptadas a las necesidades. “La limitación impuesta por la tasa de reposición iniciada con la crisis de 2012 ha provocado una drástica disminución y un importante envejecimiento de la plantilla, así como un incremento de la precariedad laboral en las universidades”, manifestaron.
Por otra parte, el G-9 pidió tener una Ley del Sistema Universitario (LOSU) que mejore “la estructura, la gobernanza y la financiación de las universidades públicas, de modo que nos acerque a los estándares europeos”. Finalmente, los cargos académicos reclamaron una mayor capacidad en el uso de los fondos europeos con el fin de conseguir unos campus “más sostenibles, inclusivos y abiertos a la sociedad”.
Justamente ayer hubo huelga en los campus españoles, convocada por las asociaciones Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes para protestar contra las reformas del Gobierno: la LOMLOE, la LOSU y la Ley de Convivencia Universitaria (LCU). Hubo concentraciones programadas en 24 ciudades del país, una de ellas en Oviedo. Al Rectorado “no le constó seguimiento alguno de la huelga” en Asturias.
