La nueva ley de Universidades es “un texto con mucho margen de mejora”, que “de aprobarse tal cual, supondrá una oportunidad perdida”. Así lo cree el rector Ignacio Villaverde, tras la presentación esta semana del anteproyecto LOSU por parte del ministro Joan Subirats. El borrador de la norma incluye medidas positivas a juicio del equipo de gobierno de la Universidad de Oviedo y de la Consejería de Ciencia, como son la apuesta por la internacionalización, la reducción de contratos temporales, la creación de microformaciones, el avance en los derechos de los estudiantes y la elección de rector por sufragio universal y un máximo de seis años. Pero también hay muchas dudas.
Sobre todo, en el apartado económico: el equipo de Borja Sánchez “no sabe qué encaje tendría en la financiación autonómica” la exigencia de destinar a la Universidad un mínimo del 1% del PIB. Ahora mismo representa el 0,7%. Este punto es aplaudido por Villaverde, pero a cambio ve “inalcanzable” la condición que se le pone a las instituciones académicas: invertir en investigación al menos el 5% de su presupuesto. “Eso en muchas universidades será imposible de llevar a cabo. En el caso de Oviedo, supondría una inversión aproximada de 10 millones de euros, algo que nos gustaría pero que, siendo realistas, es una cifra inalcanzable”, afirma el Rector asturiano. Las cuentas de este año ascienden a 219.167 millones, un 3,6% más que el ejercicio anterior, pero, según advirtió en alguna ocasión Villaverde, “el 90% del dinero se va en abrir todos los días”.
El rector, elegido por sufragio y para un máximo de 6 años.
El texto de Subirats introduce diversos cambios respecto a la última versión hecha por Manuel Castells. Uno de ellos es la elección de rector. Su artículo 48 establece: “Los candidatos o candidatas deberán ser funcionarios o funcionarias, doctores o doctoras, de los cuerpos docentes universitarios, y reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal que determinen los Estatutos”. Es decir, no hace falta ser catedrático y serán las propias universidades las que pongan los requisitos mínimo que han de tener los aspirantes a ocupar el cargo. En una versión inicial Castells proponía que miembros de fuera de la institución acapararan el 30% del comité de selección. Sin embargo, ante el enfado de los responsables académicos, se eliminó. Así las cosas, la directora general de Universidad, Cristina González, considera “muy positivo” que se fije un mandato único de como máximo 6 años (no renovables), que la elección sea por sufragio universal ponderado de toda la comunidad académica, y que se elimine el requisito de catedrático.
¿Gobernará Villaverde durante una década?
Actualmente, los mandatos son por 4 años, pudiendo optar a la reelección por otros 4. Es decir, que como máximo un rector se mantiene en el sillón de mando 8 años. Si sale adelante la LOSU, habrá un solo mandato de 6. La norma introduce una aclaración a este respecto: “Los cargos unipersonales electos que se encuentren en el primer mandato de cuatro años cuando entre en vigor la ley, podrán finalizar ese mandato y concurrir a la reelección por un periodo de seis años improrrogable y no renovable”. Esto quiere decir que si Ignacio Villaverde se presenta otra vez como candidato en 2025 y gana las elecciones será el primer rector en los últimos 60 años que gobernará durante una década. José Virgili Vindé ocupó el cargo durante 12 años: de 1961 a 1973.
Reducción de la temporalidad al 20% y facilidades para acceder a la carrera académica.
Otro de los aspectos que destacan para bien tanto la directora general de Universidad como el Rector es la apuesta de la ley por reducir los contratos temporales del 40% al 20%. Sobre ello, Villaverde dice que en la Universidad de Oviedo “ya se ha avanzado mucho” y asegura que “con los nuevos planes de estabilización, tanto en PDI (personal docente e investigador) como en PAS (personal de administración y servicios) estamos en disposición de cumplir ese máximo del 20% en contrato temporal”. Unido a ello está el rejuvenecimiento de las plantillas y Cristina González aplaude que “se facilite el acceso a la carrera docente universitaria, eliminando la acreditación de la ANECA para los profesores ayudantes doctores”. Solo se pide el requisito de ser doctor. Según recoge el borrador, este personal tendrá un contrato de seis años de duración y, a su finalización, serán evaluados.
Apuesta por la internacionalización y la ciencia ciudadana.
Tras una primera lectura, la directora general de Universidad del Gobierno del Principado sostiene que la propuesta de ley de Subirats “apuesta por una universidad más abierta, más conectada con la sociedad y con la comunidad internacional, que incluye mejoras en la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades”. Una de las medidas que están detrás de esta afirmación es la apuesta por la internacionalización mediante, comenta, “la definición de estrategias, alianzas entre universidades, diseño de titulaciones conjuntas con incorporación de idiomas extranjeros, movilidad, atracción de talento...”. Cristina González también se detiene en el artículo dedicado al fomento de la ciencia abierta y ciudadana. “Lo más importante es que se reconoce el conocimiento científico como un bien común y se establecen varias medidas para fomentar la ciencia ciudadana, entendida como un campo de generación de conocimiento, compartido entre ciudadanía y universidades. Algunos ejemplo son: las publicaciones académicas deberán ser compartidas en abierto, los datos han de ser accesibles y fáciles de encontrar, y las bibliotecas facilitarán el acceso a toda la ciudadanía”.
Otras medidas positivas: microformaciones y fomento de la igualdad.
Hay más propuestas “positivas” a juicio de la Consejería de Ciencia, como el reconocimiento del derecho subjetivo del estudiantado a beca, se facilita el acceso a personas con discapacidad –se reserva un 5% de la oferta de plazas de grado y máster–, se apuesta por la formación “a lo largo de la vida” con microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, y se avanza en la reducción de la brecha de género. En este sentido, el Rectorado de la Universidad de Oviedo entiende que ya hay mucho camino recorrido pues “disponemos de una unidad de igualdad y una dirección de área”.
Las aclaraciones que Asturias pedirá al Ministerio.
Hasta el Gobierno del Principado tiene dudas en algunos aspectos sobre la nueva norma. “Hay partes que todavía no sabemos muy bien qué implicaciones tendrán para nuestra comunidad o cómo sería su encaje, por lo que en las próximas semanas continuaremos trabajando en un análisis más profundo, con varias reuniones a nivel interno, también con otras regiones y por último con el Ministerio”, comenta Cristina González. Una de ellas es la financiación mínima. “En estos momentos nos encontramos inmersos en el proceso de negociación de la financiación de la Universidad de Oviedo para los próximo diez años, y por la importancia que para nosotros supone solicitaremos una aclaración al Ministerio”, agrega. De igual forma, la Consejería solicitará más detalles sobre la participación del estudiantado en el diseño de los planes de estudio, una medida un tanto polémica. En este contexto, los estudiantes avanzan en derechos con la LOSU, ya que recoge el derecho el paro académico.
Hay poco tiempo para negociar.
Por su parte, Ignacio Villaverde asegura que hay “ciertas cuestiones relativas a la gobernanza que quedan abiertas y posponen sus acciones a reformas estatutarias por parte de las universidades”. “La impresión que tenemos con este texto –profundiza– es que todavía queda mucho trabajo que hacer. Hay que ver en qué acaba tras el trámite parlamentario y aún no sabemos si el Ministro va a abrir un periodo de negociación. Si está previsto llevarlo al Consejo de Ministros, como dicen, el 21 de junio, creo que hay muy poco tiempo para negociar con las partes interesadas y con la comunidad universitaria, posibles cambios”. Así que si se aprueba tal cual, remata, “supondrá pocos cambios y será una oportunidad perdida para realizar modificaciones estructurales más profundas, que son las que necesita el sistema público universitario español”.
