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Cultura culpa a una auxiliar del error en un documento de la OSPA enviado al Juzgado

Berta Piñán, que preside el Patronato de la orquesta, respaldó a la gerente de la orquesta ante los trabajadores por el acta investigada

Berta Piñán. | M. L.

Un fallo de una auxiliar administrativa está detrás del documento de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) enviado a un juzgado con errores y que ahora se investiga por presunta falsificación. Esta es la tesis de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado, Berta Piñán, que se alineó con la gerente de la OSPA, Ana Mateo, cuando el comité de empresa de la formación acudió a ella para pedirle amparo, una vez descubierta la presunta falsificación de un acta de la comisión paritaria que sirvió a la orquesta para ganar un juicio a cinco músicos. La explicación que Piñán trasladó a los representantes de los músicos en aquella reunión, celebrada el pasado 7 de septiembre, fue la misma que Ana Mateo ha dado en los últimos meses, en diversos foros, para justificar los fallos detectados en el documento: que se trata todo de un error achacable a una auxiliar administrativa, quien se habría equivocado de hoja al escanear el documento para enviarlo al juzgado.

Tal y como reveló ayer, en exclusiva, LA NUEVA ESPAÑA, la OSPA y los seis firmantes del acta falsificado –la gerente de la orquesta, dos funcionarios de alto rango del Principado y tres músicos de la formación– están siendo investigados por los presuntos delitos de estafa procesal y falsedad documental después de que ese documento se presentase en el juicio. El origen del conflicto se sitúa en abril del año pasado cuando, en vísperas de celebrarse la vista oral en la que cinco músicos interinos reclamaban su incorporación a la plantilla, en base a un artículo del convenio colectivo (aprobado en 2009) que propicia la estabilización de los intérpretes tras tres años contratados. Cuatro días antes de que se celebrase la vista, Ana Mateo convocó a la comisión paritaria para debatir la interpretación de una serie de puntos del convenio que, según fuentes sindicales, ya había motivado una sentencia que permitió estabilizar a una trabajadora pocos meses antes.

Logos cambiados

Los sindicatos critican que Mateo no convocase a los miembros de la actual comisión paritaria de la orquesta, sino a los que formaban parte de este órgano en 2009, cuando se debatió y aprobó el convenio colectivo. Cuando el acta se presentó en el tribunal, sin embargo, la fecha que figuraba en el documento era el 28 de abril de 2010. Pero el documento contenía al menos dos elementos que desdecían su veracidad: el logo de la orquesta (figuraba en el encabezado el actual, no el que tenía la OSPA en 2010) y la dirección de la sede (figuraba “Plaza del Fresno”, cuando en 2010 aún tenía la denominación de plaza de la Gesta). La decisión de cambiar la fecha del acta podría explicarse, según el escrito del defensor de los cinco músicos afectados, a un interés por “darle mayor trascendencia, configurando el documento como idóneo para los fines que se pretenden”. Si esa fue la intención, la artimaña habría surtido efecto: la OSPA ganó el juicio a los músicos.

Pese a que el comité de empresa intentó, posteriormente, hacerse con el acta de la reunión, la gerente de la OSPA rechazó la petición aludiendo a la protección de datos. No sería hasta semanas después, finalizado ya el juicio, cuando pudieron consultarlo y, después de que el abogado de los músicos lo comparó con el que se había presentado en el juicio, detectar los errores que contenía.

Eso sucedió entrado ya el verano. El 10 de agosto, el comité de empresa de la OSPA solicitó una reunión urgente con la Consejera de Cultura, Berta Piñán, que ostenta asimismo la presidencia del consejo rector de la orquesta. En su escrito, los miembros del comité precisaron que la reunión sería “referente al juicio que han tenido los compañeros interinos el pasado mes de junio, donde se ha detectado presunta estafa procesal y falsedad documental”. La reunión se celebró en el Calatrava, el 7 de septiembre, a las 16.00 horas. El encuentro no figuraba en la agenda oficial ni de Piñán ni del director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León Gasalla, que también asistió.

Según el relato de representantes de los trabajadores, en aquel encuentro Berta Piñán avanzó la explicación que posteriormente, en diversos foros, daría también Ana Mateo: que los problemas detectados en el acta se debieron a un error de una auxiliar administrativa de la orquesta, al escanear la documentación para remitirla al juzgado. Piñán, además, y siempre según el relato de los representantes de los trabajadores, habría quitado hierro al hecho de que ese documento con errores se hubiese empleado en un juicio, alegando que, de ser preciso, se notificaría al tribunal del error.

Pocas semanas después de esa reunión, los cinco interinos presentaron una querella contra la OSPA y los seis firmantes del acta, acusándoles de estafa procesal y falsedad documental, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo. La querella fue admitida a trámite y, dentro de las diligencias previas, la gerente de la OSPA, Ana Mateo, ha sido llamada a declarar, en calidad de investigada, el próximo 8 de junio. Mateo rehusó este lunes dar su versión de los hechos a este periódico.

Berta Piñán no se ha pronunciado sobre la controversia pese a que, ya el pasado viernes, este periódico se puso en contacto con la consejería para pedir su opinión sobre el conflicto de la OSPA, después de que CC OO reclamase la dimisión de Mateo por su actuación durante el reciente proceso de regulación de interinos. Ayer, Pablo León sí atendió a LA NUEVA ESPAÑA, aunque al ser cuestionado por la reunión de septiembre con el Comité de empresa solo señaló que “no vamos a entrar en detalles, estando como está (el asunto) judicializado”.

El sindicato CSIF exigió ayer la dimisión de Ana Mateo como gerente de la OSPA, uniéndose así a CC OO, que lo reclamó días atrás. Sergio Peña, de CSIF Asturias, sostiene que la falsificación del acta no es “un mero error administrativo en una fecha, una simple equivocación, puesto que hicieron dos documentos distintos, uno bien fechado que se entregó al Principado y otro diferente que se entregó en el Juzgado, y es evidente que demuestra intencionalidad, ni tampoco se puede ahora decir que la culpa pueda ser del auxiliar administrativo”.

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