Con "preocupación". Así afrontan los equipos directivos asturianos la vuelta a las aulas del próximo jueves día 1 de septiembre. La inquietud no se debe solo a la subida generalizada de precios, que repercutirá en los bolsillos de las familias, sino también al retraso que lleva Educación en la publicación de los currículos autonómicos de la LOMLOE correspondientes a las etapas de la ESO y Bachillerato. Aunque el equipo de Lydia Espina hizo públicos hace meses los borradores de los decretos y lanzó orientaciones incluso en pleno periodo vacacional, los directores de instituto apremian al Principado a que publique en el Bopa los documentos definitivos. Sin ellos, advierten, "los profesores no pueden planificar sus asignaturas".
"El momento en que nos encontramos se veía venir dado que el Gobierno central aprobó los reales decretos de enseñanzas mínimas de cada etapa durante los meses de marzo y abril", asegura el director de un colegio de Gijón. Por eso, opina, "lo deseable hubiera sido que la implementación de la LOMLOE se hubiera retrasado al curso 2023/24; así habría habido el tiempo necesario para hacerlo con mayor calma y tranquilidad", agrega. Sin embargo, la realidad es opuesta y los equipos directivos y el profesorado asturiano contarán con escaso margen para poder adaptar sus centros a la nueva ley educativa, que supone un giro a nivel competencial. Ante esta situación, el responsable de un instituto de Oviedo reclama "flexibilidad" a la Administración. "Frente a la incertidumbre se ha de ser prudente tanto en la implementación de cambios organizativos como en cambios en los propios libros de texto", comenta.
Toda esta situación está produciendo que algunos centros hayan decidido no cambiar los libros este curso. "En nuestro caso hemos pospuesto la incorporación de textos al curso siguiente en espera de disponer del currículo de la ESO y Bachillerato", expresa el director de un instituto del occidente. "Al fin y al cabo son un material de apoyo y no un referente, por lo que preferimos continuar con los anteriores hasta tener bien asimilado el nuevo currículo y así decidir los recursos de apoyo oportunos", explica. Este responsable confía en que la publicación de los decretos se produzca de forma inminente, como ha prometido Consejería. "Estamos en espera; disponemos de un borrador de currículo amplio donde se desarrolla al detalle cada materia, pero sería apropiado tener el definitivo cuanto antes".
La dirección de otro instituto de la capital también ha optado por mantener los libros este año. "Porque –señala– los que se han sacado están adaptados solo al decreto nacional y se verán afectados por la norma asturiana". Por tanto, en su caso, el problema económico se generará el curso que viene y "la Consejería deberá prever las becas necesarias", avisa. La directora de este centro no ve problemas mayores en la organización del nuevo curso. "Conocemos la distribución horaria que se publicará y de hecho el alumnado ya se ha matriculado en julio con la nueva organización", justifica. En cambio, otros directores creen que también están otros aspectos en el aire, como obras pendientes de ejecución y "qué pasará con el binomio ventilación-calefacción" a la vista de la subida de la factura energética.
Del lado de las críticas se situó ayer también el sindicato de enseñanza de UGT. "Los currículos llegan tarde y aunque la responsabilidad es tanto de la Consejería como del Ministerio, esto es un problema por el trastorno que va a crear en los centros educativos. Es obvio que las Administraciones no están cumpliendo los plazos, pero el profesorado no puede sufrir las consecuencias de estos retrasos, por esta razón, desde UGT exigimos la flexibilidad que sea necesaria para la aplicación de la nueva ley educativa", manifestaron. De igual, la organización sindical exige abrir una negociación que "nos lleve a una notable reducción de la ratio de alumnos y una disminución de la carga lectiva del profesorado". "El Gobierno asturiano tiene que pasar de las palabras a los hechos. El descenso de la natalidad no puede ser la disculpa para reducir unidades tiene que ser la oportunidad para mejorar la calidad educativa", sentencian.
