Gijón, R. GARCÍA
Los siete acusados de vender drogas en dos bares de la zona de La Arena, en Gijón, aceptaron en la mañana de ayer una condena de 38 años y 11 meses de cárcel y reconocieron ser los responsables de los delitos que se les imputan. Los abogados de los traficantes llegaron a un acuerdo con el fiscal especial antidroga, José Perals, que rebajó la petición inicial de 69 años de prisión. Los acusados deberán además hacer frente a multas económicas por valor de 6.100 euros.
El representante del ministerio público ha solicitado también el cierre definitivo de los dos locales en los que se vendían los estupefacientes. El propietario es precisamente el imputado que más pena de cárcel soporta. Francisco R. S. aceptó una condena de 13 años y un día de prisión. El detenido es considerado como el «cabecilla» de la trama delictiva. Según el escrito de conclusiones que el fiscal elevó ayer a definitivo, Francisco R. se venía dedicando, «como mínimo desde el mes de octubre del año 2007», a la venta de estupefacientes en los dos locales que regentaba. De hecho, en su casa la Policía encontró numerosas dosis de estupefacientes, así como municiones para armas de fuego y puños americanos. El ahora imputado contaba con la ayuda de su compañera sentimental, que trabajaba como camarera en uno de los locales, y de otros dos jóvenes que tenía contratados en sus negocios. Para uno de ellos un abogado defensor pidió ayer una atenuante por drogadicción, ya que aseguró que llevaba diez años consumiendo cocaína.
En el proceso también han sido imputados los distribuidores de cocaína a los que acudían los camareros para aprovisionarse de la droga que luego vendían: Francisco Javier G. F., su novia, Verónica P. G., y Manuel Octavio R. G.
Todos estos acusados fueron detenidos en enero del año 2008. El principal imputado fue arrestado después de salir de su domicilio y coger su coche en las cercanías de la Carretera Carbonera y la calle Velázquez. Ese mismo día se fueron produciendo nuevas detenciones y registros domiciliarios. Los agentes no sólo encontraron drogas en las casas de los acusados. La Policía también requisó revólveres, cápsulas percurtoras y escopetas, por lo que también se acusa a los reos de delitos de tenencia ilícita de armas y depósito de aparatos explosivos.
Fuentes de la fiscalía mostraron ayer su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que valoraron como «muy positivo», ya que en dos años se ha conseguido «una sentencia firme en un proceso con siete acusados por tráfico de drogas, tenencia de armas y explosivos». Estas mismas fuentes destacaron además la condena a 13 años de cárcel que aceptó el principal imputado «ante las pruebas presentadas por la fiscalía antidroga». Según los representantes del ministerio público, gracias a la actuación policial y de la fiscalía «se ha conseguido el cierre de dos locales problemáticos».
Los portavoces de la fiscalía no son los únicos satisfechos por la condena. De hecho, algunos de los imputados abrazaron a sus abogados a la salida del Juzgado al saber que les habían rebajado la petición de condena. El tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, será ahora el encargado de decidir si acepta el acuerdo entre las partes.
