El fiscal del juicio por el crimen de Isabel Carrasco, Emilio Fernández, reclamó ayer el ingreso inmediato en prisión de Raquel Gago al entender que existe riesgo de fuga tras ser considerada culpable de asesinato, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas.

Raquel Gago, de 42 años, agente de la Policía Local de León, es la única de la tres acusadas por el crimen de la dirigente del PP -todas ellas consideradas culpables de los mismos delitos- que permanece en libertad provisional. Las dos acusaciones particulares -que ejercen la hija y la pareja sentimental de la víctima- y la popular -a cargo del PP- se han sumado a los argumentos de la Fiscalía.

Por su parte, el letrado Fermín Guerrero, que representa a Gago, pidió al tribunal que se mantenga la libertad provisional de su patrocinada hasta que se resuelvan los recursos que ha anunciado que presentará a la sentencia, que se conocerá en los próximos días.

Tres magistrados de la Audiencia de León forman el tribunal que decidirá sobre la petición de la Fiscalía, cuya resolución se conocerá en las próximas horas.

El fiscal calificó de "insólito" que la agente declarada culpable del asesinato de la presidenta de la Diputación de León permanezca aún en libertad ante la gravedad de la pena a la que se enfrenta y porque "concurre riesgo de fuga". "Cuanto más grave es la pena a la que se enfrenta un condenado más fuerte es la tentación de sustraerse a la misma", advirtió el fiscal.

Fernández precisó que desde que el pasado sábado el jurado hizo público su veredicto de culpabilidad las circunstancias han cambiado radicalmente y han desaparecido las expectativas que la acusada tenía "más o menos fundadas" de salir absuelta o de ser condenada a una pena menor.

El letrado de la defensa rechazó el riesgo de fuga y recordó que Raquel Gago cumplió con las medidas cautelares que se impusieron -tenía que firmar los lunes en Comisaría-, y ha presentado un certificado médico que aconseja que siga el tratamiento psiquiátrico al que está siendo sometida de forma externa.

El letrado pretendía entregar al tribunal 6.000 firmas de ciudadanos que apoyan que Gago siga en libertad condicional. El tribunal lo rechazó.