Si tuviera que elegir un símil para dar mi impresión de lo sucedido desde enero de 1985, fecha en que se constituyó en Campo de Caso la Mancomunidad, hasta hoy, diría que, si bien un partido de fútbol dura noventa minutos, la ilusión y los buenos propósitos que destilaban aquellos actores, con representación de todas las formaciones políticas, no pasó de la primera parte, pues las luchas intestinas y los egos personales de cada formación (un mal que crece cada día) se encargaron de dar pronto al traste con lo que prometía ser un buen instrumento para el desarrollo del Valle del Nalón.
De aquellos polvos vienen estos lodos, dice el refrán, lo que a mi juicio he personalizado siempre como que quienes no creen en lo que dicen ni tampoco en lo que hacen (las más de las veces movidos por criterios espurios), acaban siempre convirtiendo en pantanales muchas de sus actuaciones. ¿Pues cómo denominar, en el tema que nos ocupa, la ocurrencia (permítaseme el eufemismo) de pretender que sea un juez quien decida el destino del Conservatorio de Música? En cualquier país, y hay alguno en Europa, en el que la cultura no sea solo un mero instrumento de gestión, sino un valor social al alza, aceptado por toda la comunidad, un Conservatorio de Música sería, al contrario de lo que sucede aquí, un espacio al que todos desearían proteger, conscientes de su extraordinario potencial para generar conocimiento como uno de los pilares fundamentales de la educación.
Nada más lejos, por tanto, de esa intentona de hacer descansar en una sentencia judicial el destino del mismo (Principado, Mancomunidad o Ayuntamiento).
Conocida es, salvo para quienes viven con los oídos taponados a todas horas, la importancia social de la música, y que en el caso que nos ocupa ha convertido al Conservatorio en un patrimonio cultural de referencia en el Valle. Dan fe de ello, entre tantos otros datos que se podrían citar, los 35 años de existencia, los más de 7.000 alumnos que han cursado allí sus estudios, el 100% actual de ocupación (209 estudiantes) que hace que queden fuera aspirantes por falta de plazas, los proyectos importantes que han nacido en su seno como los Coros de Voces Blancas, premiados en prestigiosos concursos europeos, la implicación contrastada de sus profesores?. Y por si algo faltara para sonrojar aún más a quienes se lavan las manos como Pilatos, la decisión judicial podría suponer la desaparición de 23 puestos de trabajo, fijos por oposición, con más de 20 años de antigüedad, y que podrían perder su plaza pues no existe subrogación de personal entre administraciones públicas.
Frente a estos argumentos, nuestros regidores (y coloco en el mismo plano de desatino tanto al Principado como a la Mancomunidad y al Ayuntamiento de Langreo, de donde nace el proyecto), arguyen de una parte que se trata de competencias impropias (como si no ejercieran algunas de estas cuando les conviene), y de otra el problema económico. De un total de 804.204 euros, una parte de los mismos están sufragados entre la subvención de la Consejería de Educación y las matrículas y cuotas que aportan las familias, restando 491.778 euros para repartir entre los cinco ayuntamiento del valle. Datos que hablan por sí mismos, y que tendrían que llenar de sonrojo a los que adoptaron tal decisión, dando por supuesto que eso sea aún posible.
Estoy seguro que la "Plataforma ciudadana de apoyo al Conservatorio" afinará bien sus instrumentos y, apoyada en una población que a buen seguro lo siente como suyo, hará que recapaciten los autores de este desconcierto.
