Radiografía de lo superfluo

Puestos de acuerdo en la obligada necesidad de recortar el gasto público, los partidos políticos asturianos se enzarzan en discutir cuáles deben ser los criterios para realizar un ajuste económico que rondará los 210 millones de euros. PP e IU insisten en reclamar al PSOE que elimine todo lo superfluo, un concepto muy amplio, pero que han ido definiendo en las últimas semanas. Empresas públicas, la televisión autonómica (TPA), publicidad, publicaciones, protocolo, sueldos de altos cargos, asesores, viajes institucionales, fundaciones o «embajadas» en el exterior son algunos de los objetivos de los populares y la coalición con la tijera.

Las empresas públicas están en el punto de mira. Y no sólo ahora, sino mucho antes de que la crisis obligara a aplicar medidas de reducción del gasto. El PP insiste en la eliminación de todas aquellas que no sean estrictamente necesarias, salvando de la quema las de salud y servicios básicos, para lograr un ahorro de casi 300 millones de euros. Por su lado, IU reclama una reordenación de este sector para hacerlo más efectivo y mucho menos costoso. «¿Tiene sentido que el 112 y Bomberos de Asturias sean dos entes separados?», se preguntaba esta semana un dirigente de la coalición, socia de Gobierno.

La televisión autonómica (TPA) recibe 30 millones de euros de transferencias directas al año, aunque los contratos de publicidad y promoción con las distintas consejerías elevan la factura en torno a los 36 millones. El ente que dirige José Ramón Pérez Ornia paga cuatro millones de euros anuales por retransmitir las carreras de Fórmula 1, que también se pueden ver en abierto a través de la Sexta, al igual que ha ocurrido con el fútbol de los sábados por la noche en la última temporada. El PP pidió esta semana su privatización.

Otro campo en el que se reclama una mayor contención del gasto es el de los cargos de confianza. El equipo del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, sale por más de un millón de euros al año. El personal eventual de gabinete cuesta 983.400 euros, a los que hay que sumar los 147.520 euros que se destinan a los dos asesores que tienen rango de viceconsejeros, y los 59.390 euros de otro asesor que cuenta con la categoría de director general.

Las representaciones asturianas en el exterior, con oficinas en las ciudades de Madrid y Bruselas, cuestan 5.068.574 euros y también han sido puestas en tela de juicio por la oposición, empeñada en eliminar los viajes institucionales del Gobierno regional. Según el PP, la última expedición, al Caribe y Centroamérica, tuvo un coste de adjudicación de 494.000 euros, a lo que habría que sumar la contratación de servicios para la organización, adjudicados por procedimiento negociado y por importe de 43.103,45 euros. El próximo viaje, a China, saldrá por unos 425.000 euros, de acuerdo con los cálculos populares.

La factura por la casi total privatización de los servicios de informática de la Administración autonómica llega a sesenta millones de euros. Un informe sindical asegura que la situación ha dejado a medio centenar de trabajadores públicos mano sobre mano. Además, la adquisición de aplicaciones informáticas sale por 12,3 millones de euros y otra serie de servicios en este ámbito cuesta 6,6 millones de euros. La aplicación del software libre podría rebajar la cuenta informática del Principado, según la opinión de los expertos.

En el apartado de reuniones y conferencias, la Administración regional gasta al año 3,3 millones de euros, de los que el 47 por ciento corresponde a la Consejería de Cultura y el 21 por ciento, a la de Presidencia, Justicia e Igualdad. Llama la atención que el Instituto Asturiano de la Mujer se lleve en este capítulo 275.000 euros, una cantidad por encima de las destinadas a las consejerías de Economía, Infraestructuras, Administraciones Públicas e Industria. El departamento de Educación, a cargo de José Luis Iglesias Riopedre, sólo absorbe el 5 por ciento del gasto destinado a conferencias.

Además, sólo la Dirección General de Modernización tiene para publicidad y publicaciones 356.000 euros, una cifra superior a la que manejan las consejerías de Sanidad (340.000), Industria (246.747) o Infraestructuras (364.000). Dentro de estos capítulos de gasto, la Junta destina 535.000 euros anuales a protocolo, publicaciones y publicidad, mientras que la oficina de la Procuradora General cuenta con 200.000 euros para publicidad. La cifra supera a la que maneja toda la Consejería de Medio Rural. El Principado destina otros 3,08 millones de euros a la Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y Comunicación); dos millones a la Fundación Barredo, y 1,2 millones a la Laboral. IU ha puesto estos entes entre sus objetivos, al igual que el circuito Fernando Alonso.