El Principado paga a sus empleados más que el Estado, pero menos que otras ocho autonomías

El Principado paga a sus empleados de categorías como los administrativos hasta un 30 por ciento más que el Estado, pero menos que otras ocho autonomías, según los datos de retribución media de todas las Administraciones. La situación de Asturias no es una excepción. La mayoría de las comunidades retribuye a sus funcionarios y trabajadores públicos mejor que el Estado y la brecha se ha ampliado notablemente en la última década.

Un administrativo que sea personal laboral del Principado percibe un sueldo medio bruto anual de 19.370 euros, mientras que un empleado de idéntica categoría en la Administración General del Estado ingresa 14.752 euros. Las retribuciones de los funcionarios y empleados públicos del Principado para esa misma categoría se encuentran dentro de la media del conjunto de regiones. Por encima de Asturias hay hasta ocho comunidades autónomas que pagan más a los trabajadores de esa misma categoría: Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Cantabria, Canarias y Navarra.

Por ejemplo, un administrativo que trabaja para el gobierno autónomo de las Islas Baleares ingresa un salario medio bruto de 24.336 euros anuales, casi un 25 por ciento más que un empleado del Principado de la misma categoría. Por el contrario, un trabajador autonómico de Murcia percibe unos 16.850 euros anuales de salario bruto, casi dos mil más que un asalariado del Estado.

La brecha salarial entre los empleados autonómicos y los estatales se ha acentuado en la última década. El coste medio por trabajador de los organismos y entes públicos del Principado, que incluye salarios brutos y prestaciones, ha crecido hasta un 53 por ciento en los últimos diez años, según se recoge en el documentos de los presupuestos regionales de 2010. Es un incremento que se queda en el 45 por ciento si se toma como referencia el coste medio por trabajador de la Administración regional.

El Principado destinó en 2001 un total de 463,2 millones a gastos del personal que trabaja directamente en la Administración, mientras que en el presupuesto de este ejercicio la cifra ascendió a 782 millones de euros. No obstante, esta cantidad ha menguado tras el recorte aplicado a principios del pasado mes de julio en cumplimiento del real decreto aprobado por el Gobierno central para reducir el déficit público. Si se agrupa el personal de la Administración y el de los entes públicos, que incluye la sanidad, la factura del personal dependiente del Principado asciende a 1.661 millones de euros sobre un presupuesto consolidado por encima de los 4.000 millones.

Desde los sindicatos de la función pública se sostiene que existen grandes diferencias retributivas entre las distintas categorías laborales e incluso entre las jefaturas de servicio y el personal que teniendo niveles de estudio similares no desempeña puestos de responsabilidad.

La crisis que ha sacudido a las administraciones públicas, sobre todo en los últimos dos años, ha marcado un punto de inflexión en la composición de sus plantillas. El acusado descenso de los ingresos obtenidos vía impuestos ha llevado a replantearse el coste del aparato público. Casi todos los gobiernos, y el de Asturias no es una excepción, han centrado sus mayores recortes económicos en las plantillas. Primero se redujo el volumen de sustituciones y contratos para cubrir vacantes, y a continuación se menguó la tasa de reposición de jubilaciones, de forma que se dejaban de cubrir un porcentaje cada vez mayor de los retiros.

Más recientemente, a partir de julio, se tomó el camino de recortar el sueldo a la totalidad del personal, tras la controvertida decisión del Gobierno central de incluir esa medida dentro del plan para reducir el déficit público.

El aumento de las plantillas entre los años 2000 y 2008, es decir hasta el inicio de la crisis económica, ha sido una característica común en la España de las autonomías. En ese período, las plantillas del sector público crecieron un 32 por ciento en España, que junto a Irlanda fue el país con mayor incremento de ese sector. En Alemania e Italia se dio la tendencia contraria, con una caída de 5,7 por ciento y del 21,9 por ciento , según los datos de la agencia estadística Eurostat. Además, la masa salarial del funcionariado público también ha crecido en España el doble (59,2%) que en la Unión Europea (31,4%) en los años previos a la crisis.

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

Las últimas oposiciones para cubrir cerca de ochenta plazas de auxiliar de bombero en el Principado han desencadenado una denuncia por presuntas anomalías. A CC OO no le cuadran las altas cifras de aprobados que se han producido en una de las pruebas entre los aspirantes que se presentaban por primera vez al examen. La denuncia aviva la polémica sobre la política de personal del Principado, gestionada por el Instituto Adolfo Posada, al que CC OO acusa de haber hecho una «nueva chapuza».

Según Alberto Álvarez, delegado de CC OO en Bomberos de Asturias, la prueba, un supuesto práctico compuesto de 15 preguntas, «es muy complicada incluso para bomberos con muchos años de experiencia». Ante esto, Álvarez asegura que la situación «huele mal», aunque no se atreve a aventurar la posibilidad de que se hayan filtrado los contenidos del examen, que consistió en un supuesto práctico sobre el que había que responder a quince preguntas.

Este delegado sindical basa sus sospechas en las estadísticas que maneja sobre los resultados de las oposiciones, que no son las primeras que han sido puestas en cuarentena por los representantes de los trabajadores. Según sus cifras, de las más 500 personas que comenzaron la oposición, 218 llegaron a la prueba de la discordia, la última de todas. Los aprobados alcanzaron el 44 por ciento «de los que más de la mitad acertaron todas las preguntas, dejaron una en blanco o sólo fallaron una. Y es mucho más curioso por que muchos de ellos se presentaban por primera vez a una oposición de bombero», asegura Álvarez.

«La gente está bastante mosqueada», añade el sindicalista. En la base de Bomberos de Asturias en La Morgal (Llanera) han aparecido varias pintadas denunciando los hechos. Álvarez asegura que esta clase de supuestas irregularidades se vienen repitiendo a lo largo de los años. «Antes, la prueba subjetiva en la que se hacía el barrido era la de conducción», rememora.

Mientras, desde otros sindicatos como USIPA se asegura que estas denuncias «se repiten siempre después de las oposiciones» y que en el fondo no responden más que «a una lucha de poder entre UGT (quien domina por mayoría el comité de empresa) y CC OO». «Pongo la mano en el fuego por la capacidad y la honradez del tribunal. Si hubiéramos visto algo raro habríamos sido los primeros en denunciarlo», asegura Santos Montes, representante de USIPA en el Cuerpo.