El gobierno asturiano ha garantizado hoy que ningún inmigrante se quedará sin cobertura sanitaria en la región, según ha asegurado hoy su portavoz, Guillermo Martínez, que prevé un conflicto competencial si se mantienen los planes del Ejecutivo central para limitar la asistencia a algunos colectivos.
El portavoz del Gobierno asturiano no ha aclarado cómo se hará esa asistencia, ya que poder darles tarjeta sanitaria o no va a depender de las órdenes ministeriales, pero ha insistido en que no se quedarán sin ella por no tener los papeles en regla.
A falta de conocer el documento, ha señalado que los servicios jurídicos del Principado van a estudiar si hay invasión de competencias y cómo se pueden desarrollar los convenios con particulares que, al parecer, contempla esa orden, a la hora de atender a los inmigrantes.
En rueda de prensa, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo asturiano solo tiene un "conocimiento extraoficial" de la orden que prepara el Ministerio de Sanidad para cobrar la asistencia a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular.
Martínez ha asegurado que, pese a la alarma que esta noticia ha generado, el gobierno asturiano mantendrá sus compromisos y aplicará el decreto aprobado el pasado 14 de junio que garantiza la cobertura sanitaria a los inmigrantes.
En su opinión, esa es una postura del Gobierno de Asturias, sino que está basada en razones de tipo humanitario, que marca la carta de derechos de la ONU y la Constitución española.
No obstante, se ha mostrado "plenamente convencido" de que esa posición del Ejecutivo es compartida por la sociedad asturiana y los profesionales "que también están en esa línea".
Para Martínez, hay que tener en cuenta que la orden ministerial que se está preparando "no busca ni la supervivencia del sistema, ni un menor gasto, puesto que la población inmigrante acude menos a los servicios sanitarios porque su edad media es más baja que la media".
EFE
