El informe de la Sindicatura de Cuentas que cuestionaba la idoneidad de que los sindicatos y la patronal fuesen los beneficiarios de las subvenciones para los cursos de formación a los trabajadores, que estos posteriormente subcontratan, ha generado una rotunda respuesta por parte de las centrales. Tanto UGT como Comisiones Obreras (CC OO) defendieron ayer su legitimidad para gestionar estos fondos (11,6 millones en 2009, el ejercicio objeto de análisis) con un idéntico argumento. «La formación para el empleo es un derecho de los trabajadores que se financia de manera conjunta con las aportaciones de estos y de los empresarios. Ésta es la razón para que sean los trabajadores y las empresas, a través de sus organizaciones representativas, quienes se encarguen de gestionar la mayor parte de esta formación», dice en su primer punto el texto que ayer emitió UGT. Desde CC OO añaden: «Los sindicatos somos legítimos representantes de los trabajadores con todo el derecho reconocido a participar en su formación».
La Federación Asturiana de Empresarios va un paso más allá y sugiere que los fondos pasen a ser gestionados por el Consejo de Asturias para la Formación Profesional, donde están representados, al igual que los sindicatos. Allí también se da la presencia de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos y el Consejo Escolar. «Siempre y cuando el consejo tuviera una labor ejecutiva y no sólo consultiva, como en estos momentos, sería un marco estupendo para cambiar el actual sistema de formación», razona el secretario general de la FADE, Alberto González, que expresó su satisfacción por los resultados del informe relativos a la patronal. «Se ha ajustado la convocatoria exactamente a la legalidad, no hay problemas gordos y sólo pequeños ajustes de menor cuantía, aunque no en el caso de la FADE. Es una buena noticia», concretó.
Quien se mantuvo al margen fue el Ejecutivo del Principado, preguntado al respecto tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. «Respetamos el informe de la Sindicatura. Todas las recomendaciones que hace sobre el control, la legalidad y la eficiencia deben ser tenidas en cuenta y analizadas en profundidad. Estudiaremos con detalle el informe y sopesaremos las recomendaciones». Fue todo lo lejos que llegó el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. En estos momentos el Gobierno regional negocia con los sindicatos y la patronal los últimos flecos del acuerdo de concertación social para los próximos tres años.
En su informe, la Sindicatura de Cuentas recomendaba «orientar los criterios de valoración» de estas ayudas «hacia centros de formación que sean entidades sin ánimo de lucro, a fin de evitar que con la subcontratación se disipen los objetivos, así como que los beneficiarios directos actúen únicamente como gestores de las mismas».
En sus argumentos de defensa, CC OO asegura que «ha justificado el 100% de las subvenciones», «que la convocatoria permite un porcentaje de gestión» (20%) en concepto de «costes indirectos»; que las subcontrataciones con FOREM como entidad asociada no existieron» como tales y que el sindicato es «riguroso con el dinero público que recibe».
UGT habla de su «escrupuloso» seguimiento de la ley en los procesos de subcontratación, de su «capacidad contrastada para impartir formación de la más alta calidad auditada» y la ausencia de ánimo de lucro en el manejo de los fondos de formación para el empleo.
A la ronda de reacciones al informe de la Sindicatura de Cuentas se sumó ayer el Partido Popular. Su diputada Susana López Ares, que el pasado noviembre ya había expresado sus dudas sobre la aplicación de las subvenciones para las políticas de empleo, es rotunda. «El informe de la Sindicatura dice que no hay transparencia en este proceso y viene a confirmar las dudas que teníamos, que en realidad eran certidumbres. Me alegra que nos dé la razón pero me preocupa que no se utilice el dinero para que los trabajadores tengan oportunidades reales. No se gestionan bien esos fondos», asegura López Ares. La diputada avanzó que su formación prepara una iniciativa parlamentaria «que afectará a las políticas de empleo y significará una reestructuración absoluta en la forma de utlizar un dinero muy importante para la atención de ocupados y desocupados». Además, cuestionó que el 90 por ciento de los alumnos «estén obligados a formarse por los sindicatos, la patronal, Fucomi y la Fundación Metal Asturias». En cuanto al dinero, estos cinco organismos acumulan el 58% del total de las subvenciones para formación que entrega el Principado.
Sogepsa y Gispasa copan el 76% de la deuda de las empresas del Principado
La Sindicatura aconseja reordenar el sector público y reforzar la transparencia en la contratación
Dos de las empresas públicas acumulan el 76 por ciento del endeudamiento de todo el sector público autonómico, según el informe realizado por la Sindicatura de Cuentas, correspondiente al ejercicio de 2010, que analizó un total de 53 entes. Los síndicos recomiendan afrontar la reestructuración de los entes y fundaciones que dependen de la Administración regional y comenzar con la redacción de una nueva ley regional de Hacienda.
Las dos empresas con mayor volumen de endeudamiento en 2010 fueron Gispasa y Sogepsa. De los 375,8 millones de deuda que acumuló ese año el sector público del Principado, Gispasa, la empresa que construye el nuevo Hospital Central, se llevó el 40 por ciento, mientras que a la empresa de gestión del suelo Sogepsa le correspondió el 36 por ciento, en torno a 136 millones de euros. La auditoría refleja que el Principado avaló a Sogepsa con 111 millones de euros en 2010.
El informe de fiscalización del sector público autonómico constata un aumento de la plantilla media y del gasto de personal en las fundaciones. Entre los reparos que formula la Sindicatura figura la negativa de la Fundación Oscar Niemeyer a facilitar información sobre diversos aspectos de su funcionamiento, desde facturas a información en materia de facturas y contratación correspondientes a 2010. Además, la sociedad mixta Ciudad Asturiana del Transporte y el Instituto Técnico de Materiales son las dos entidades que no rindieron cuentas en ese ejercicio.
Los síndicos alertan de la necesidad de mejorar los procesos de transparencia en la contratación del sector público empresarial, en el que, por ejemplo, la empresa Serpa realizó asistencias técnicas por 5,3 millones. Hay 18 entidades regionales que ni siquiera disponen del perfil de contratante y que, por lo tanto, incumplen la ley de contratos del sector público.
