Cangas del Narcea / Avilés,

P. RODRÍGUEZ / E. C. / V. M.

Los agentes de la Policía judicial de la Agencia Tributaria han efectuado registros en los ayuntamientos de Cangas del Narcea y de Avilés en el marco de la investigación por el «caso Pokémon». En Avilés, un grupo de agentes visitó las instalaciones del Consistorio al menos los días 4 y 5 de febrero. Según fuentes municipales, se identificaron en la puerta del Ayuntamiento como miembros de la Policía judicial y pidieron reunirse con la secretaria municipal, a quien preguntaron por ciertos expedientes.

Medios próximos a la investigación aseguran que la visita se enmarca en la búsqueda de documentación vinculada a la red de empresas investigadas por la juez lucense Pilar de Lara. Todo parece indicar que el objetivo de la pesquisa fue el contrato de adjudicación a Aquagest del servicio de aguas en Avilés, una decisión que salió adelante con el apoyo conjunto de PSOE, PP y el grupo ASIA y con un canon de 37,1 millones de euros. De las tres empresas que acudieron al concurso, era la que ofrecía más dinero al Ayuntamiento. Esta concesión se realizó en el año 2010, fecha en la que el detenido Joaquín Fernández García aún trabajaba para la empresa Aquagest.

La privatización del servicio de abastecimiento en Avilés contó con el rechazo de Izquierda Unida y ya estuvo en manos del juez. Aqualia, otra de las empresas que concurrió al concurso, denunció ante los tribunales la adjudicación, aduciendo que la oferta de Aquagest incumplía el pliego de condiciones. Sin embargo los tribunales fallaron a favor del Ayuntamiento ratificando la limpieza del concurso.

Pero la «trama Pokémon» se ramifica por varias empresas, siempre con la posibilidad de adjudicaciones irregulares como telón de fondo. Una de las líneas investigadas en Galicia tiene que ver con la adjudicación de servicios de zona azul y grúa. Uno de los imputados en la trama, el empresario que denunció algunas de las presuntas irregularidades, citó en su día ante la juez Pilar de Lara un supuesto trato de favor en la adjudicación del servicio de grúas en Avilés, según trascendió ayer. Concretamente, el empresario aseguró que representantes municipales de Avilés le aseguraron que el contrato «ya estaba dado» antes de que se celebrase siquiera la adjudicación, según confirmaron fuentes próximas al caso.

En el caso de Cangas del Narcea, ocho agentes de la brigada de Aduanas de La Coruña y un secretario judicial se personaron en la mañana de ayer en el Ayuntamiento para recabar documentación referida a los trabajos efectuados desde la Casa Consistorial con varias empresas, «sobre todo con Aquagest», según indicó una fuente municipal.

Desde las nueve de la mañana, los trabajadores judiciales pidieron comprobar los ordenadores de Intervención, Tesorería y de la asesoría jurídica. Según los responsables municipales, se prestó todo el apoyo necesario y una total colaboración con la delegación judicial. Una vez que copiaron los documentos y los archivos de los discos duros de los ordenadores, los miembros de Aduanas abandonaron el Ayuntamiento. No se llevaron ningún ordenador, según fuentes municipales.

Aquagest es la encargada del servicio de agua potable de Cangas del Narcea, y lleva haciéndolo cerca de 30 años. El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella (PP), se mostró tajante respecto a lo sucedido: «Estamos un poco preocupados porque el Ayuntamiento salga mezclado en estos asuntos, claro, pero muy tranquilos respecto a los expedientes de contratación, porque son impecables. No tenemos nada que ocultar y, por supuesto, hemos puesto todos los ordenadores y todos los papeles a disposición de los agentes, pues queremos ofrecer nuestra máxima colaboración».

Fontaniella en ningún momento confirmó que los agentes judiciales estuviesen buscando información sobre Aquagest. «Buscan sobre muchas empresas, y nosotros trabajamos con una de ellas, no voy a decir nada más al respecto», indicó. En base a la documentación recabada, se elaborará un informe que será remitido a la juez del caso.