Oviedo, Félix VALLINA
Pokémon es una franquicia de Nintendo que se basa en un videojuego con más de seiscientos personajes y se ha extendido a otros ámbitos del entretenimiento, como series de televisión y juegos de cartas. Los investigadores de Vigilancia Aduanera decidieron utilizar ese vocablo para ponerle nombre al caso que investigaban cuando el número de implicados en la trama -una red de supuestos sobornos y adjudicaciones irregulares de servicios y obras públicas con epicentro en varios ayuntamientos gallegos- comenzó a multiplicarse a medida que tiraban del hilo. Los nombres de los presuntos corruptos aparecían de la misma forma en la que un niño, a través de su consola, podía lograr más y más pokémon (especies de mascotas, cada una con un poder) superando cada nivel. No en vano, la investigación iniciada por la juez gijonesa de Lugo Pilar de Lara ya ha dejado más de una treintena de imputaciones y ha traspasado las fronteras de la comunidad vecina, salpicando, por el momento, a otras regiones como Cataluña y Asturias.
Dos alcaldes gallegos ya han presentado su dimisión (Orense y Boqueixón), varios concejales han dejado su cargo y dos personas permanecen en prisión: un ex concejal del PP en Santiago de Compostela, Ángel Espadas, y el gerente de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez. En Asturias, la detención más sonada ha sido la de Joaquín Fernández, presidente del PP de San Martín y también vinculado a Aquagest, que se encuentra en libertad con cargos por tráfico de influencias.
La «operación Pokémon» tiene sus orígenes en un burdel, aunque fue la declaración de un asturiano la que sirvió para destaparla. Por la barra y las habitaciones del Queen's, un club de un polígono industrial de la capital lucense, corría desde hace años el dinero de contratas y ayudas públicas obtenidas supuestamente a base de sobornos a políticos. Fue allí donde comenzaron a relacionarse algunos nombres que aparecían en la «operación Carioca» -una investigación contra la explotación sexual de mujeres y la corrupción policial que inició la misma juez que lleva el «caso Pokémon»- con la trama que ahora se está investigando. Uno de esos nombres era el de Javier Manuel Reguera Pérez, el funcionario considerado ahora como intermediario entre el grupo Vendex (un entramado de empresas que se encuentra en el centro de la trama) y los cargos públicos.
En ese momento es cuando entra en juego el asturiano José Luis Álvarez Álvarez, uno de los fundadores de la empresa Cechalva, que tiene la concesión del servicio de grúa en Lugo desde 2006 y antes la había tenido en Oviedo. Según su versión, Javier Manuel Reguera, empleado a su vez del grupo Vendex, que lo colocó de gerente de la ORA en Lugo, introdujo a dos de sus hombres en Cechalva, Demetrio Arias y su cuñado Manuel Santiso, quienes figuran como administradores. Con la entrada de estas personas empezaron los problemas de la empresa, según Álvarez, ya que comenzó a funcionar una «caja B». En 2009, según explicó en su día Álvarez, se la intentaron jugar poniendo su firma en una junta a la que no había acudido y en la que se aprobaron las cuentas. Recurrió al Juzgado de lo mercantil, que le dio la razón, pero las cuentas fueron aprobadas de todos modos. Indignado, y sabiendo que Santiso y Reguera estaban siendo investigados por la «operación Carioca» decidió contar lo que sabía a la juez, quien ordenó pinchazos y seguimientos.
A raíz de ahí, la juez descubrió que el ex concejal del Ayuntamiento de Lugo y ex presidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, también había beneficiado a Cechalva. En la empresa de la grúa también estaba involucrado otro asturiano, el empresario ovetense Jorge Pío Cecchini, que fue detenido y salió en libertad sin fianza tras declarar en Lugo. José Luis Álvarez llegó a reconocer en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA que Cechalva se hizo con la concesión de la grúa de Lugo de forma ilícita a pesar de no cumplir con los requisitos que se exigían en el pliego de condiciones. «Ahora entiendo que nos la dieron a dedo gracias a las influencias de alguno de los socios que nos llevó a Galicia», afirmó.
La de Álvarez y Cecchini no es la única conexión con Asturias. La juez investiga si dentro de la «trama Pokémon» había una posible red de financiación a partidos. En la batería de preguntas que les plantea a los empresarios y responsables de distintas concesiones nunca falta la de si dieron dinero para estos fines.
