Dos ex altos cargos del Principado durante el Gobierno de Vicente Álvarez Areces desvincularon ayer a la ex consejera Ana Rosa Migoya de la funcionaria Marta Renedo. La comisión parlamentaria del «caso Marea» vivió ayer las comparecencias más largas con el ex director general de Modernización, Alberto Pérez Cueto, y el ex secretario general técnico de la Consejería de Administraciones Públicas, Francisco José Díaz, los dos primeros responsables regionales que se percataron de las irregularidades cometidas por la jefa de servicio cuya investigación judicial y policial ha puesto al descubierto el mayor caso de corrupción en la Administración asturiana. Además, otros tres funcionarios, jefes de servicio, confirmaron que Renedo había falsificado su firma en varios contratos menores. Varios comparecientes coincidieron en la necesidad de aumentar el control de los contratos menores, «meollo del "caso Marea", según una ex jefa de servicio que fue compañera de Renedo.
Las declaraciones del ex director general Alberto Pérez Cueto y del ex secretario general técnico Francisco José Díaz trataron de alejar toda sombra de sospecha de Ana Rosa Migoya, la ex consejera del Gobierno arecista citada a declarar como imputada en la investigación judicial en la que también está inmerso el ex titular de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. Alberto Pérez Cueto asumió toda la responsabilidad en la elección de Marta Renedo como jefa de servicio para su Dirección General, mientras que Francisco José Díaz rechazó que la Consejería de Cultura contratase a personal a través de terceras empresas que facturaban servicios completamente distintos.
«Yo quería un funcionario que no fuera nuevo en la Administración. Tuve respuesta negativa de dos personas y cuando me entrevisté con Marta Renedo me contó que tenía experiencia en distintos ámbitos y aceptó. Cuando cerré los cinco jefes de servicio se los propuse a la Consejera, que nos había dicho que buscásemos a los mejores porque ella no iba a intervenir en ese proceso», declaró Pérez Cueto.
-¿Quién le recomendó a Marta Renedo? -planteó Ignacio Prendes, presidente de la comisión parlamentaria del caso Marea.
-No lo recuerdo -respondió el ex director general de Modernización, que antes de ocupar ese puesto había sido diputado del PSOE en la Junta General y en el Congreso. Más adelante, a preguntas del portavoz socialista, Fernando Lastra, asumió la responsabilidad en la designación de Renedo, funcionaria que antes había estado en la Consejería de Cultura, bajo la dirección de la propia Ana Rosa Migoya, y en la de Sanidad, a las órdenes de Rafael Sariego. «No recibí instrucción ni en el nombramiento de Renedo ni en ningún otro», concluyó Pérez Cueto, quien declaró a la comisión parlamentaria por espacio de 160 minutos que fue él mismo quien se dio cuenta de los manejos de Renedo de forma casual, hacia el 10 de febrero de 2010. «Me llamó la atención que había dos partidas con estado de ejecución sorprendentemente alto. Una partida de dos millones estaba ejecutada casi al 100%, algo que en principio parecía un logro. Al ver en los apuntes contables el nombre de Implans Mounts creí que era un error, no me sonaba, no era del sector. Se lo comenté al secretario general técnico, que al cabo de unos días me dijo que la administradora única de esa empresa era Marta Renedo. Cuando menos, ya había algo irregular». Más adelante Pérez Cueto comprobó que su firma había sido manipulada en varios expedientes.
Esta versión del ex director general de Modernización fue corroborada por el secretario general técnico, Francisco José Díaz, quien aseguró que su Consejería «no tuvo conocimiento» de la investigación iniciada por la Agencia Tributaria en noviembre de 2009 por unos supuestos pagos desde Administraciones Públicas. «La Agencia Tributaria no dice ni mu de lo que está haciendo», afirmó el alto funcionario, que aseguró que Migoya había liderado «el gabinete de crisis» tras detectar las irregularidades de Renedo. «No me consta», dijo Díaz, cuando el diputado popular, José Agustín Cuervas-Mons, le preguntó si la Consejería de Cultura, de la que también fue secretario general técnico con Migoya, había colocado a personal a través de empresas que facturaban otro tipo de servicios, acusación de Renedo que ha causado la imputación de la ex consejera. «Bajo ningún concepto. Si hubiera conocido esa práctica, tendría que haber actuado. No se puede permitir», afirmó el funcionario con rotundidad.
La comisión parlamentaria, que duró casi diez horas, provocó los primeros chispazos de tensión entre los diputados. Pero permitió sacar las primeras conclusiones: es necesario mejorar el control sobre los contratos menores. Otra cuestión distinta es que el Principado pueda tomar cartas en un asunto regulado por la ley estatal de Contratos. El ex director general, Cueto, sugirió que esos contratos sean conformados por más de un funcionario. María José Cortés, jefa de servicio a la que Renedo falsificó la firma, propuso limitar los contratos menores porque «son un poco coladero», mientras que Pilar Sánchez Vicente, que también padeció la falsificación de su firma, sugirió más control en la contratación menor, «meollo de este caso». Otro jefe de servicio, Gustavo Martínez, reconoció a preguntas de Noemí Martín (IU) y Teresa Alonso (Foro), que firmó dos facturas que le pasó Renedo, «por exceso de confianza».
«Habría que limitar los contratos menores, ahora son un poco coladero»
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