El portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento asturiano, Ángel González, reforzó ayer ante el juez la versión por la que se considera inocente del supuesto delito de prevaricación que se le imputa. «No me hizo ninguna advertencia esa funcionaria, ni verbal ni escrita. Ante cualquier aviso, habríamos corregido el procedimiento», afirmó ayer el diputado regional, tras declarar durante algo más de una hora ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) José Ignacio Pérez Villamil.

La afirmación de Ángel González contradice la declaración de la jefa de servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Bienestar, de la que el imputado era viceconsejero en 2010. La funcionaria indicó a la fiscalía que le había advertido de las irregularidades en las que caería de tramitar, como Ángel González le indicaba, tres contratos para la instalación de monolitos en las fosas comunes asturianas de la Guerra Civil. El ministerio fiscal abrió diligencias tras recibir un escrito del Tribunal de Cuentas que advertía indicios de fraccionamiento irregular de los contratos.

Asistido por la letrada Ana García Boto, Ángel González contestó a la batería de preguntas del fiscal y escuchó con atención las «puntualizaciones» del magistrado, como explicó al finalizar su declaración. «Es peligroso que de las afirmaciones falsas en la declaración de una funcionaria se derive una acusación», afirmó el diputado de IU. En esa declaración, la jefa de servicio también señaló que había advertido de las irregularidades al secretario general técnico del departamento. Éste también prestó declaración ayer como imputado y, según pudo saber este periódico, corroboró la versión del portavoz de IU en la Junta. «Desconozco si la funcionaria advirtió al secretario técnico, pero me extrañaría mucho porque es una persona muy competente que conozco hace años y seguramente habría planteado cualquier cuestión», explicó el imputado, que también aludió, sin nombrarlo, al Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos. «Resulta curioso que cuando la Sindicatura hace el informe provisional de las cuentas de 2010 -este presentaba reparos sobre el caso- la Consejería de Bienestar -entonces ya en manos de Foro- no hace alegaciones ni se pone en contacto con Noemí Martín, consejera entonces, ni conmigo». El caso pasó a continuación al Tribunal de Cuentas, que tampoco obtuvo respuesta por parte del departamento de Bienestar Social. «Si por tres veces, pues me imagino que también pasaría por la Intervención General, nadie alega, pues claro, el Tribunal de Cuentas lo envía a la fiscalía y de ahí sale esta investigación. Si se hubiera actuado como en otras consejerías, explicando las cosas, a lo mejor no estábamos aquí. No es un reproche, quiero decir que los controles existen, pero que hay que aplicarlos», manifestó Ángel González tras comparecer ante el juez en la sede del TSJA, en el palacio de Camposagrado.

También defendió el ex viceconsejero la condición de contrato para obras en la que asegura que consistía la instalación de los monolitos. La diferencia entre considerarlo una adjudicación para obra o de suministro es sustancial. En el primer caso, no es necesario acudir a concurso si la cuantía del trabajo no supera los 50.000 euros. En el segundo, el límite está en los 18.000. La suma de los tres acuerdos no alcanza ese límite y es a lo que se agarra Ángel González para, en cualquier caso, eludir responsabilidad. «Esto son contratos de obra, que empiezan por buscar una roca, darle forma, cajearla para ponerle la placa, transportarla en un camión, adecentar la zona donde irá... No se puede pedir a nadie que le suministre un monolito», justificó.

Al diputado, le parece «alucinante», que la funcionaria declarase que él mismo acudió al despacho de la trabajadora para indicarle cómo contratar. «Como si no tuviera yo otras cosas que hacer que decirle cómo tramitar las cosas».