Los alcaldes españoles dicen nones al anteproyecto del Gobierno de Rajoy sobre la reforma de la Administración local con una enmienda de cuasi totalidad, ya que plantean cambios a 24 de sus 28 artículos. La junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) respaldó ayer que los alcaldes de los municipios menores de 1.000 habitantes puedan tener sueldo, uno de los aspectos más controvertidos de esa ley. El documento de la FEMP recoge las alegaciones planteadas desde la Federación Asturiana de Concejos.
El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, alcalde de Santander por el PP, anunció ayer el inmediato envío al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de un documento con alegaciones sobre un anteproyecto de ley que ha levantado grandes críticas por alcaldes y entidades locales de todos los signos políticos.
Las alegaciones han sido agrupadas en siete bloques. En el relativo a las retribuciones de los alcaldes y concejales llama la atención la petición de la FEMP de que los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes «también perciban retribuciones o la posibilidad de optar entre ser retribuido como electo o mantener su retribución de funcionario, en el caso de que el alcalde o el concejal sean empleados públicos». La alegación también plantea que las novedades sobre las retribuciones no se apliquen hasta el próximo mandato municipal, a partir de 2015.
Los alcaldes también piden la eliminación de los controles y tutelas sobre los municipios, una cuestión que, según considera, «vulnera la autonomía local». Por ejemplo, solicitan la eliminación del régimen especial de intervención para los municipios menores de 5.000 habitantes con un plan económico financiero en vigor o la retirada de ciertos controles que ejecutan los interventores, entre otras medidas.
La supresión injustificada de entidades locales, el rediseño de las competencias y la eliminación automática de los convenios existentes entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos también se encuentran en el paquete de alegaciones aprobadas por la junta de gobierno de la FEMP, órgano del que forma parte Pilar Varela, la alcaldesa de Avilés.
