Oviedo, M. J. IGLESIAS
Los propietarios residentes en las fincas colindantes a los paseos marítimos reformados tendrán que pagar por este privilegio costero. La nueva ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada ayer en el Senado y que sustituye a la ley de Costas vigente desde 1988, prevé que tanto particulares como empresas contribuyan a financiar las obras realizadas en tramos del litoral considerados en «grave riesgo de regresión». El Gobierno les podrá exigir una cantidad extra por considerar que estos arreglos en los paseos costeros aumentan el valor de los bienes de las cercanías.
El Senado aprobó ayer, tras un debate de casi cinco horas y con los únicos votos favorables del PP y la abstención de CiU, la reforma de la ley de Costas de 1988. La nueva normativa, entre otras medidas, abre la mano a la realización de eventos en las playas, tanto públicos como privados, y salvará de la demolición a miles de viviendas y chiringuitos por todo el litoral español. Los partidos de la oposición creen que esta reforma servirá para «alentar el ladrillo».
El texto especifica que la consideración de «beneficio especial» para los propietarios de inmuebles anexos a los paseos marítimos vendrá dado cuando la realización de las obras conlleve un aumento del valor de las fincas. Llevada al terreno práctico, la norma, rechazada por el PSOE e IU, implica que la construcción de un paseo marítimo o la adecuación de un área de ocio en la franja costera puede conllevar para los vecinos una «derrama» que además llegará comunicada al domicilio por carta y sin aviso previo.
Así lo asegura el abogado José Ortega, representante de la plataforma de afectados por la actual normativa, quien alerta acerca de las «sorpresas» que podrán llevarse los propietarios de casas o apartamentos ubicados en primera línea de playa. Ortega va más allá y asegura que puede darse la paradoja de que un propietario se vea obligado a ceder parte o la totalidad de un jardín para la realización de una obra pública y que a la vez tenga que pagar por ello, como presunto beneficiario de la actuación.
El importe total de las llamadas «contribuciones especiales» se repartirá atendiendo a criterios como la superficie de las concesiones y fincas beneficiadas o el plazo restante para la extinción del derecho de ocupación en el caso de chiringuitos de playa y otras causas que deberán ser precisadas a través de reales decretos. Ortega considera que la medida persigue sufragar obras que, dada la actual situación económica, no podrían acometerse sólo con fondos públicos.
Los senadores del Grupo Mixto, y el PSOE argumentaron ayer en el Senado que la ley desprotege y privatiza el litoral español, busca los intereses particulares de los empresarios y supone una «sentencia de muerte» para paisajes costeros.
