Joaquín Arce, integrante de Los Verdes y ex director general de Política Forestal durante el último Gobierno de Vicente Álvarez Areces, fue hasta hace días uno de los testigos protegidos de Ángel Sorando, el juez que instruye el «caso Marea», un caso de supuesta corrupción en el Principado. El magistrado había establecido un plazo de un mes para mantener en secreto la identidad del confidente, pero ha decidido no prorrogarla a pesar de no haberse entrevistado «nunca» con Arce. «En el mes de febrero me puse en contacto con la Unidad de Delitos Económicos, en Gijón, para ofrecerme a colaborar en todo lo que necesitaran y contarles lo que sabía sobre cómo funcionaba la contratación y el gasto en la Consejería de Educación. Fui y lo dije, pero el juez, a pesar de decidir mantenerme como testigo protegido a raíz de ese testimonio, nunca me llamó a hablar con él», señaló ayer a LA NUEVA ESPAÑA Joaquín Arce, que pertenece al cuerpo de funcionarios de la citada consejería desde hace 25 años, un área de la Administración en la que aún trabaja como técnico y donde fue jefe de servicio entre 2000 y 2003.

¿Y qué contó Arce a los agentes de la Unidad de Delitos Económicos? No quiso entrar en muchos detalles, aunque su resumen no deja lugar a dudas sobre su percepción de los hechos: «María Jesús Otero -en referencia a la ex directora general de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, una de las principales imputadas en la causa- era la que ordenaba a quién se le daban los contratos y la que tomaba las decisiones en ese sentido. Ella era la única que tenía contacto directo con las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín», explica Joaquín Arce, que ya fue consciente de los supuestos movimientos de Otero «cuando era jefe de servicio».

El documento enviado tras su testimonio al juez, firmado por el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica, señalaba entonces que Arce «parece conocer con mucha exactitud la dinámica de actuación de la Administración asturiana en lo que respecta a adjudicaciones de obras y servicios». Según el escrito policial, con fecha de 27 de febrero, «habló de personas muy concretas, algunas conocidas y otras no por parte de este grupo durante el tiempo que duró la investigación policial, de las que Arce conoce por la prensa que están imputadas actualmente, con las que ha mantenido una relación profesional diaria y de las que sabe aspectos muy particulares de su quehacer diario que podrían resultar esclarecedores para poder comprender algunas actuaciones o cuestiones que quizás estén sin aclarar dentro de la instrucción».

Por otro lado, en su último auto el juez que instruye el «caso Marea», Ángel Sorando, asegura que a lo largo de la investigación ha sufrido en sus carnes las presiones de algunas personas «con altos cargos y sobradas influencias» implicadas «en un caso de corrupción bastante importante», una trama en la que se constata «la existencia de prácticas delictivas que claramente pueden calificarse de mafiosas».

El juez emplea incluso la palabra italiana «omertà», el término que hace referencia al código de honor siciliano, a la ley del silencio que impera entre los miembros de la mafia y que les impide cualquier tipo de colaboración con las autoridades bajo amenaza de muerte. Sorando sostiene que la capacidad de presión de algunos implicados en el caso es de un calibre tal «como para arruinar la vida de cualquier funcionario o trabajador que se arriesgue a testificar sobre las irregularidades de las que tuvo conocimiento», dice en su auto. En su opinión, sin dicho silencio -«"omertà" en italiano», matiza el auto- «estas prácticas mafiosas y corruptas no serían posibles».

Ángel Sorando dictó el auto para dar contestación a los recursos presentados por las representaciones legales de algunos de los principales imputados en la causa -la ex consejera de Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya, la ex directora general de Planificación y Centros de la Consejería de Educación María Jesús Otero y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín)-, que pedían que se revelase la identidad de otro de los testigos protegidos que se presentaron ante Sorando para aportar información sobre la supuesta trama delictiva.

Los abogados de estos empresarios y ex altos cargos imputados entendían que el confidente, en el caso de que saliese a la luz su identidad, no tendría por qué sufrir «riesgos físicos o problemas profesionales», pero el juez instructor del caso no comparte ese razonamiento. «La autoridad judicial que esta causa instruye ha apreciado personal y racionalmente un peligro grave para dicho testigo, estando en riesgo inclusive su salud, según se ha apreciado, sin que se pueda dar más datos, pues ellos lo identificarían indirectamente», recoge literalmente el escrito del juez de «Marea».

El magistrado Ángel Sorando argumenta además, para no desvelar la identidad de ese testigo protegido, que «el derecho de defensa» de los imputados en la causa «está garantizado en la ley de protección de testigos, al margen de que se mantengan reservados los datos de identificación del testigo».