El plan de Mariano Rajoy para aligerar las administraciones ha situado en su punto de mira a los tribunales de Cuentas regionales y también a los defensores del Pueblo existentes en más de una decena de autonomías. Son dos de los servicios que consideran duplicados ante la existencia del Tribunal de Cuentas del Reino de España y el Defensor del Pueblo estatal.

La supresión de los once defensores del Pueblo supondría un ahorro de 30 millones de euros, según las estimaciones incluidas en el informe elaborado por la comisión para la reforma de las administraciones públicas (CORA), que cifra en 32 millones el coste de esos organismos regionales, mientras que el Defensor del Pueblo estatal tiene un presupuesto anual de 14 millones de euros. La decisión de suprimir esa institución es competencia exclusiva de las autonomías, que han incluido mayoritariamente esos entes dentro de sus estatutos. Los tribunales de Cuentas regionales se encuentran en una situación prácticamente idéntica.

Algunas autonomías, la mayoría gobernadas por el PP, ya plantearon ayer sus primeras resistencia a la supresión definitiva de esos órganos. El Gobierno valenciano se ha mostrado dispuesto a reducir tanto la Sindicatura de Cuentas como el Defensor del Pueblo, pero «no eliminará ni una competencia», según sostuvo el portavoz de la Generalitat, José Císcar. El PP gallego fue menos explícito. Los populares, al frente de la Xunta de Galicia, no han aclarado si eliminarán el Valedor do Pobo y el Consejo de Cuentas, aunque han advertido que «están recogidos en el Estatuto». Y la Comunidad de Madrid, también gobernada por los populares, descartó ayer, a través de su presidente, Ignacio González, eliminar el Tribunal de Cuentas regional porque «cumple una función importante». El PP de Andalucía también ha defendido la continuidad de su Defensor y de la Cámara de Cuentas regional. La Generalitat catalana también se ha desmarcado de esas medidas.

Otra iniciativa de esta reforma es la ventanilla para emprendedores, que se abre en los ayuntamientos de Gijón y Molina de Segura de manera oficial la próxima semana.