Asturias irá a los tribunales contra el reparto del techo de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas. El Ejecutivo regional, en reunión extraordinaria, decidió ayer encargar a sus asesores jurídicos el inicio de las acciones pertinentes contra esta decisión, al tiempo que facultaba a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, para enviar al Gobierno central el requerimiento de modificación de esta medida. Esta reclamación es independiente de la que preparan en la Administración regional contra el reparto asimétrico del déficit.

Para este año, la Unión Europea concedió a España una flexibilización del límite deficitario para el conjunto de las administraciones, ampliando el 4,5% inicial hasta el 6,5%. De este incremento de dos puntos porcentuales, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió reservarse para la Administración central y la Seguridad Social el 70% dejando sólo una tercera parte para las regiones. Es decir, ese 6,5% para el conjunto del país saldría de un déficit máximo estatal del 5,2%, al que se añade el 1,3% que se concedió a las autonomías.

En su reclamación, el Principado no sólo exige la rectificación del reparto para este año, sino que solicita la anular la previsión que también se aprobó para los ejercicios sucesivos, hasta 2016, como explicó ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, tras la reunión de los miembros del Ejecutivo de Javier Fernández. «El reparto aprobado para las distintas administraciones no respeta la ley de Estabilidad Presupuestaria, ni por las cantidades, ni por el procedimiento que se ha seguido para determinarlo», afirmó el también portavoz del Gobierno regional.

Según el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al que el Principado opuso su voto en contra, igual que Cataluña, Madrid y Canarias, el Estado se reserva la mayor parte de la concesión al déficit que permitirá la Unión Europea.

En 2014, del 5,8% para todas las administraciones, las regionales podrán disponer de un 1%; en 2015, la UE ajusta a España hasta el 4,2% y el Gobierno del país cede de ahí un 0,7% para las autonomías. Por último, en 2016, el Estado podrá tener un déficit total del 2,8%, del que las comunidades sólo disfrutarán un 0,2%.

Una vez que el Gobierno central reciba el requerimiento de la consejera de Hacienda del Principado, comenzará a correr el calendario hacia el inicio de las acciones judiciales. Será a partir del 28 de agosto, un mes después de la toma de la decisión impugnada, cuando la región quede facultada para abrir un proceso por la vía contencioso-administrativa. «Siempre hemos mantenido una postura firme y contundente para exigir un reparto equilibrado del objetivo de déficit, en un contexto de declive en la recaudación de impuestos propios y de inelasticidad del gasto social. Y siempre hemos encontrado la misma negativa y la imposición del Gobierno de España», afirmó ayer Guillermo Martínez en la sede de Presidencia.

El 1,3% que el Estado cedió a las autonomías fue precisamente el porcentaje que tomó Madrid como referencia para fijar el techo autonómico del cierre del balance de 2013. Sin embargo, en lugar de equilibrar el objetivo entre las comunidades, el Ministerio de Hacienda optó por el llamado déficit asimétrico, otorgando diferentes porcentajes a cada región, en función de sus resultados de 2012. De esta forma, a Asturias le correspondió un 1,06% frente a otras, como Valencia, que llegaron hasta el 1,6%. Las comunidades del Mediterráneo, incumplidoras del límite en 2012, fueron las beneficiadas, frente a las que, como Asturias, habían hecho sus deberes, que deberán mantener la fuerte exigencia del año anterior.