La contaminación atmosférica en el área central de Asturias, sobre todo por partículas finas y ultrafinas, ha empeorado en los últimos años, obligando al Principado a poner en marcha dos planes específicos, uno para el entorno de la ría de Avilés y otro en las cercanías de Veriña, en la zona oeste de Gijón y parte de Carreño. Los planes son insuficientes y la mayor parte de las medidas están pendientes, según denunció ayer la diputada de IU Emilia Vázquez, que defendió en la Junta General del Principado una propuesta para aumentar la información que reciben los ciudadanos y para establecer una red de alerta temprana ante riesgos de contaminación atmosférica. Entre otros extremos, la propuesta de IU, aprobada por unanimidad en el Parlamento regional, exige al Gobierno que publique los resultados de las inspecciones realizadas a las empresas potencialmente contaminantes, para que los ciudadanos conozcan cuáles "suspenden" en esta materia.
Vázquez destacó que la contaminación que más preocupa en el área central de Asturias afecta a las partículas finas en suspensión, ya que "no hay ninguna concentración que sea inocua" y causa "enormes perjuicios para la salud". La información a los ciudadanos, con la instalación de paneles informativos en zonas de riesgo, es a juicio de Vázquez "necesaria" para mejorar la situación medioambiental de Asturias, cuya calidad "no debe estar reñida con el desarrollo industrial, ambos aspectos deben hacerse compatibles", defendió la diputada de IU, que destacó que las inspecciones a las empresas "son obligatorias" y los ciudadanos deben conocer sus resultados.
Un juicio similar expresó el diputado de UPyD Ignacio Prendes, que destacó que el área central de Asturias es la única de España que "durante buena parte del año" supera los límites legales de partículas en suspensión. Para Prendes, los planes contra la contaminación atmosférica impulsados por la Consejería de Industria y Medio Ambiente "están llenos de buenas intenciones pero tienen deficiencias serias". "Los ciudadanos tienen la impresión de que no se hacen controles serios y de que se mira para otro lado creyendo que así se favorece a la industria. La tramitación de las autorizaciones ambientales es positiva, pero no sirven de nada si después no se hace la debida vigilancia", por lo que propuso un plan anual de inspecciones cuyos resultados se hagan públicos, porque "la transparencia es fundamental".
Victoria Delgado, diputada del PP, destacó que las inspecciones y sanciones "forman parte de la obligación de la Consejería". Delgado señaló que se han realizado 129 inspecciones, pero que "falta un diagnóstico del resultado". A su juicio, publicar los resultados de estos exámenes generaría "una mayor implicación de las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones con la sociedad".
María Fernández, diputada de Foro, considera que el presupuesto de 2015 refleja el desinterés del Gobierno regional con el medio ambiente, con la desaparición de la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático y la reducción del presupuesto del área en 5,6 millones de euros.
Para Nino Torre, diputado del PSOE, el Gobierno regional sí ha hecho los deberes en cuanto al control de la contaminación en el área central. Torre destacó que es difícil demostrar qué industrias son las que generan tasas elevadas de partículas, y anunció que se está elaborando un estudio sobre emisiones que permitirá identificar sin dudas los focos. El diputado alabó la "transparencia" del Principado, y anunció que su grupo apoyaría la moción porque son aportaciones positivas y "todo se puede mejorar".
