La patronal de la construcción asturiana, CAC-Asprocon, acusó ayer al Principado de permitir ilegalidades que restan ingresos a las arcas autonómicas y favorecen el incremento de la lista de desempleados en el Principado. Según los empresarios del ramo, por cada euro que se invierte en construcción se genera 1,9 euros, y por cada millón de euros se crean 14 puestos de trabajo. El sistema de licitación por subasta, basado exclusivamente en el precio, favorece a empresas foráneas con trabajadores dados de alta como falsos autónomos y que no pagan impuestos en Asturias.

Serafín Abilio Martínez, presidente de CAC-Asprocon, acusó ayer al presidente del Principado, Javier Fernández, de estar "fuera de ley" y de "desleal" por favorecer la "situación horrible" que atraviesa la construcción asturiana. Delfín Cuervo, representante de los contratistas, y Daniel García-Balbín, director general de la patronal, enumeraron algunas de las presuntas ilegalidades del Ejecutivo asturiano. Por ejemplo, más allá del incumplimiento de los compromisos adquiridos, se favorecen las bajas temerarias en la adjudicación de obras, incluso de hasta del 70%, poniendo en riesgo desde su ejecución hasta la calidad de los materiales; se adjudica trabajos a empresas foráneas que incumplen la legislación; permite que haya obras paradas hasta 15 meses cuando a los 8 debe paralizarse y volverse a licitar, y no se vigila el cumplimiento de la normativa. Según los constructores, en Asturias hay 202 empresas subcontratadas en obras con entre 1.500 y 1.600 trabajadores foráneos que tampoco pagan impuestos en la región. Según la ley, la subcontratación no puede superar el 60% y en las obras asturianas esa tasa se supera con creces.

El sector denuncia al unísono que estas irregularidades provocan que "las empresas asturianas que deciden competir desde el respeto a la legalidad quedan sistemáticamente fuera de las adjudicaciones al no poder alcanzar las bajas con las que habitualmente se contrata" desde las administraciones públicas.

Previamente, el presidente de CAC-Asprocon había relatado que en los últimos cuatro años el Principado sólo ha invertido 179 millones de euros en obras, frente a los 831 suscritos en el acuerdo de concertación (AEPA) que ahora finaliza. De los 179 millones invertidos, 130 han sido para empresas foráneas. Hay 40 millones en obra licitada desde 2014 que está sin empezar y otras por valor superior a 40 millones que empezaron hace sólo unos meses.

Los constructores afirman que "en la situación actual, entendemos que las pretensiones no pueden ser como las de hace años, antes de la crisis". Pero dicho esto, también inciden en que "en ningún caso pueden continuar como están". Así que de cara al nuevo pacto de concertación también tienen sus peticiones.

CAC-Asprocon ha utilizado como guía el plan director de Infraestructuras 2015-2030 del Principado, en el que se cifra la inversión en 1.489 millones de euros. "Si se divide, salen 100 millones anuales de inversión", indicó Delfín Cuervo. Pero los contratistas también cuentan que las distintas consejerías tienen que adjudicar obras en los próximos cuatro años, así que elevan la cifra hasta los 150 millones de euros al año para obra pública. En total, 600 millones, una cuantía muy alejada de los 2.200 que llegó a incluirse en los pactos sociales de la época de bonanza. También se reclaman medidas que favorezcan la vivienda protegida y un plan de competitividad para la industria auxiliar del sector.

Pero antes de hablar de cuantías y proyectos, los constructores han puesto una exigencia sobre la mesa para los firmantes: que antes de firmar nada haya un pliego rector de licitaciones que elimine las ilegalidades que ahora se están cometiendo. Es decir, que se cambie la subasta por el concurso, y que se incluyan mecanismos de control.