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La privatización del agua en Grado fue legal pero con errores, según el Tribunal de Cuentas

Un informe critica que el canon que ha de pagar la empresa sea fijo y que la tarifa, por debajo del coste, obligue al Ayuntamiento a compensar

22.12.2015 | 04:07

El Tribunal de Cuentas de Madrid ha remitido un informe pericial en relación al contrato de privatización del servicio de aguas en Grado con Aquagest, en el marco de la investigación de la trama del agua en Asturias. El documento, encargado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Avilés, señala que el pliego de adjudicación se ajusta a la legalidad, si bien contiene errores conceptuales. Un informe que ratifica las conclusiones del análisis realizado por la Intervención General de la Administración del Estado, el órgano auditor del Ministerio de Hacienda, el pasado mes de abril.

El pliego establece un canon inicial fijo de 4 millones de euros en contraprestación por el uso de instalaciones e infraestructuras de abastecimiento y saneamiento municipales durante todo el período de concesión, 25 años, y fue aprobado por el equipo de gobierno de PP y Aigras en diciembre de 2008. Un canon que, según el Tribunal de Cuentas, es en realidad una tasa por la utilización privativa del dominio público. El tribunal apunta que el Ayuntamiento debería haber calculado un canon periódico por el arrendamiento de los bienes públicos, "ya que un canon fijo inicial sin ningún tipo de revisión rompe totalmente el principio de equilibrio económico-financiero que ha de regir el contrato de concesión del servicio".

Además, con el régimen jurídico y económico que contempla el acuerdo entre Ayuntamiento y empresa, la tarifa de abastecimiento siempre será inferior al coste real del servicio, por lo que la parte no financiada directamente por los ingresos tarifados se cubrirá mediante aportación del presupuesto municipal. "Lo que en el caso de esa Corporación no tiene justificación alguna, ya que la gestión directa presenta superávit", detalla el informe.

El informe pericial también establece que en el pliego no se incluyó el contrato del estudio contratado externamente, que supuso un coste de 10.000 euros y fue encargado a la empresa Coning Oficina Técnica S. L. de Cantabria, constituida en enero de 2008.

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