El Principado cree que un consorcio fiscal catalán beneficiaría a todas las comunidades

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, aseguró que un consorcio fiscal entre la Agencia Tributaria y la Generalitat catalana a la postre beneficiaría a todas las comunidades, siempre que el acuerdo se limitase a la gestión y recaudación de los tributos y no se modificase el actual sistema de financiación autonómica. Más aún, Peláez afirmó que esa fórmula, planteada por el candidato socialista a presidir Cataluña, Salvador Illa, podría interesar también a Asturias y a otras comunidades autónomas.

Peláez, interpelado en la Junta General por el diputado del PP David Ruiz Riestra, midió bien sus palabras, pero no pudo evitar que los populares le afeasen su "sumisión clara a los postulados del Partido Socialista catalán".

El consejero señaló de partida que aún no se había concretado el planteamiento de Illa (constituir un consorcio compartido por la administración estatal y la autonómica para la gestión de los tributos), y destacó que ya el Estatut refiere a esta fórmula y que pasó el filtro del Tribunal Constitucional. "No va a tener ninguna incidencia en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, por lo que en principio no supone ningún problema la forma en que se gestionen los tributos", señaló Peláez. Se refería a que si esa fórmula no afectaba al reparto no tendría por qué tener incidencia.

Peláez fue más allá al afirmar incluso que esa fórmula permitiría elevar la lucha contra el fraude fiscal. "Si un consorcio en Cataluña permite recaudar más IRPF en Cataluña y más impuestos, tendrá beneficios positivos en el conjunto del territorio si se mantiene el sistema de financiación autonómico", indicó el consejero, que refirió que esa modalidad debería producirse "en un sistema de financiación multilateral, no bilateral, y que se mantengan las competencias para la gestión de la caja en la Administración General del Estado".

Bajo esa premisa, la fórmula que plantea el PSC también sería interesante para el Principado. "En Asturias, las deducciones autonómicas de la vía fiscal asturiana tienen efecto sobre el 50% del IRPF recaudado; nos gustaría también poder participar con la Agencia Tributaria en las actuaciones de comprobación y control de esas deducciones, o en la determinación del domicilio fiscal", señaló. En ese sentido, indicó que algunos expertos señalaron "la necesidad de que todas las comunidades, y no solo Cataluña, constituyan esta suerte de consorcios".

La posición de Peláez fue rebatida por el diputado popular Ruiz Riestra. "Esa propuesta ahonda en dos cuestiones clave que se producen en Cataluña: la desaparición absoluta de las instituciones del Estado en esa comunidad autónoma y la suplantación de éstas", dijo el parlamentario del PP. "Ese concepto supone asumir que tributan los territorios, no las personas, y es abrir la puerta de entrada a una fiscalidad catalana diferenciada", señaló para resaltar que su implantación vendría a diferenciar a Cataluña del resto de comunidades e, indirectamente, establecer una bilateralidad.

Ruiz indicó además el riesgo de que esa fórmula, según su encaje jurídico, pueda ser declarada inconstitucional. Peláez replicó insistiendo que "es sobradamente conocida la posición del Principado ante cualquier trato bilateral y rechazamos frontalmente cualquier tipo de cupo o forma de financiación diferenciada para Cataluña".