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El Principado calcula en casi doce millones los daños de los incendios de diciembre

El PP, Foro y Podemos afean al Gobierno su gestión poco diligente y su retraso en la activación del plan de emergencias

02.02.2016 | 03:43
Por la izquierda, el director general de Justicia e Interior, Rafael Abril; Guillermo Martínez; Diana Sánchez; la diputada socialista Nuria Devesa (presidenta de la Comisión de Presidencia), y Lorena Gil (Podemos), ayer, en la Junta.

El fuego arreció en la Junta después de que el consejero de la Presidencia deslizase la primera valoración en euros de los daños de la avalancha de quemas que recorrió la región en la última quincena de 2015. Guillermo Martínez dijo doce millones, el equivalente aproximado al presupuesto municipal de Llanera, justo antes de que PP, Foro y Podemos subiesen el tono, unos más que otros, para afear a coro una supuesta falta de diligencia y un retraso en la respuesta del Principado contra una avalancha incendiaria que Martínez descompuso en cifras durante su comparecencia a petición propia ante la comisión de Presidencia de la cámara. Más de un mes después de sofocadas las últimas llamas, el portavoz del Gobierno ajustó el recuento a 364 incendios -antes habían sido 453- en dos nocivas oleadas registradas entre el 19 de diciembre y el 3 de enero. Volvió a contar 12.207 hectáreas quemadas -que corresponderían a algo más de la superficie de Boal- y elogió la velocidad de reacción de la Administración autonómica, movilizando sus medios y los ajenos ante una insólita "tormenta perfecta" "imprevisible", hecha de fuerte viento del Sur y el tiempo inaudito del "diciembre más seco desde 1981".

Los doce millones en pérdidas se concentran en cinco concejos -Cangas del Narcea, El Franco, Boal, Tineo y Parres-, con lo peor al Oeste y un reparto que concluye que hubo menos focos pero más superficie calcinada en el Occidente. Al llegar a la reparación de daños, el Gobierno del Principado ha emplazado al Ejecutivo central, según apuntó ayer Martínez, a modificar la normativa que regula las subvenciones para situaciones de emergencia, de suerte que se flexibilice el acceso a ellas de las personas y entidades afectadas. En su parte, el Gobierno regional pone a disposición de los damnificados la línea de auxilio para restauración de tierras quemadas incluida en su Programa de Desarrollo Rural y elabora un decreto de ayudas para quienes hayan perdido sus primeras viviendas. Además, prevé acogerse a las subvenciones del Fondo de Solidaridad de la Comisión Europea y para ello, previa cuantificación conjunta de daños con Cantabria, Galicia y el País Vasco, insta al Ministerio del Interior a formalizar la solicitud, ya que sólo a los estados compete esa petición.

Guillermo Martínez se extendió en el relato de lo excepcional de la concentración de fuegos, de su "velocidad de propagación, propia de los incendios del Mediterráneo", y de la diligencia con que su departamento se esforzó en hacerles frente, activando los planes de emergencia en atención "exclusivamente", reiteró, a "criterios técnicos". "La gestión ha sido ágil, ha tenido en cuenta los protocolos", dijo el consejero tras las críticas particularmente insistentes de PP, Foro y Podemos.

El nivel de la discrepancia enzarzó a Martínez con los diputados del PP Matías Rodríguez Feito y Luis Venta Cueli. Habló el primero de un "injustificable retraso en la activación del Infopa", el plan de emergencias por incendios forestales, de la "escasa capacidad de reacción" del Ejecutivo o de su cesión del protagonismo a las administraciones local y estatal. Recordó Feito que había varios fuegos activos la semana previa a la gran oleada incendiaria sin que hubiera respuesta oficial, o que se pudo haber previsto que las llamas se podían descontrolar mucho antes de la activación del Infopa. Llegó al "cara dura" en el rifirrafe con el consejero a cuenta del reparto de responsabilidades entre el Ejecutivo central y autonómico y terminó con un "usted no da la talla" después de que Venta se refiriese a "un Gobierno que está siempre en espera" y aceptase la oferta del consejero de exponer el extracto de sus llamadas en el primer día de crisis -el 19 de diciembre- por el desacuerdo sobre la hora a la que Martínez había avisado a la oposición.

En el bando beligerante contra la gestión de la crisis, la parlamentaria de Podemos Lucía Montejo dio por cierto que la demora tanto en la activación del Infopa como en su adecuación al ritmo de avance del fuego "contribuyó a retrasar los procedimientos de extinción y agravó las consecuencias" del desastre y lamentó la visión de "un Gobierno inmutable y sin capacidad de respuesta que no parece que esté poniendo en marcha todos los mecanismos a su alcance" en la prevención del fuego. Denuncia Podemos además que entre los efectos de las llamas se cuentan "vecinos multados" a propuesta de la Confederación Hidrográfica por tomar agua de los ríos para apagar las llamas.

Pedro Leal (Foro) reincidió en la censura a una actitud que "no fue del todo adecuada ni la más eficaz", sobre todo en cuanto a los momentos de activación del Infopa y de movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez reclamó agilidad en la tramitación de una ley de emergencias que tiene ya un anteproyecto sobre la mesa.

En el capítulo de las responsabilidades en el origen de las llamas, que se creen mayoritariamente provocadas, Guillermo Martínez sólo avanzó, a preguntas de Concha Masa (IU), que la superficie bajo investigación asciende a 7.700 hectáreas y que las brigadas especializadas en incendios del Principado, las Bripas, trabajan en coordinación con la Guardia Civil para enviar sus conclusiones, de carácter "reservado", a la Fiscalía de Medio Ambiente.

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