El Principado ha detectado que cuenta en su patrimonio inmobiliario con 600 viviendas públicas más de las aproximadamente 10.000 que tenía contabilizadas, según aseguró ayer la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, durante el debate parlamentario. Ahora está pendiente de que todos los ayuntamientos remitan las que tienen en sus municipios para elaborar un mapa definitivo que permita ordenar los recursos que existen en la región. También se quiere conocer el estado de estos pisos, si necesitan reparaciones y a cuánto ascenderían los arreglos. El objetivo es tenerlos en condiciones de habitabilidad para atender en cualquier momento situaciones de urgencia y emergencia.

Varela matizó, a preguntas de Podemos, que se está buscando una fórmula que permita convertir la calificación de una urgencia en emergencia, porque en el primer caso el beneficiario debe abandonar el inmueble en cuanto se da por finalizada esa situación excepcional, mientras que en el caso de emergencia se mantiene siempre que se cumplan unos requisitos.

Según Varela, en el año 2014 se adjudicaron 84 viviendas por situación de emergencia y 95 en 2015. Por casos de urgencia, en el ejercicio 2014 fueron 82 y otras 51 en 2015. En estos supuestos entran, por ejemplo, familias que son desahuciadas por impago de hipotecas o también de alquiler.

Rosa Espiño, diputada de Podemos, criticó "los cambios de criterio del Principado" respecto de la ocupación de las viviendas sociales y acusó a la Consejería de incumplir las mociones aprobadas en la Junta y de carecer de voluntad política para dar soluciones. Varela replicó que son los servicios municipales los que establecen si una persona, una familia o un colectivo se encuentran en situación de emergencia o de urgencia y lo tramita ante el Principado.