Bruselas analiza el cambio legal propuesto por el Principado para salvar Sogepsa

Una reforma de la normativa urbanística que se tramitará "con inmediatez" evitará los privilegios en las adjudicaciones

18.03.2016 | 04:12
Belén Fernández, ayer, en la Junta.

El Consejo de Gobierno del Principado conoció anteayer el documento con la solución propuesta por el Ejecutivo autonómico para sacar a Sogepsa del enredo en el que la sociedad mixta de gestión del suelo se halla perdida por la incompatibilidad entre su estructura accionarial y los principios comunitarios de la libre concurrencia. La consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, llevó ayer al pleno de la Junta el anuncio de que su fórmula de remedio, "un texto que puede cumplir los requerimientos" comunitarios, "ha sido trasladado a los servicios jurídicos de la Comisión Europea".

La contradicción entre el modelo mixto de capital público y privado de Sogepsa y las exigencias del derecho comunitario deja abiertas básicamente dos únicas posibilidades, la disolución de la sociedad o su transformación en entidad íntegramente pública -ahora los socios privados ostentan casi un tercio-. Una vez que la primera opción para resolver el conflicto, una modificación de los estatutos de la sociedad que facilitaba la entrada en su capital social a cualquier operador, fue rechazada en Bruselas, la siguiente es una reforma de la normativa urbanística autonómica que acaba de recibir el visto bueno del Consejo Consultivo y que el Principado se ofrece, dijo ayer la Consejera, a tramitar "con inmediatez". El cambio que trata de contentar a Bruselas reforma la legislación urbanística para incorporar "los principios de libre competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación, en concordancia con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la UE, y los demás requerimientos que pudieran resultar necesarios para adaptar las sociedades mercantiles de capital privado y su funcionamiento" a las exigencias comunitarias.

Tal y como Belén Fernández se encargó de recordar ayer, en un agrio debate a preguntas de la portavoz de Foro, Cristina Coto, Sogepsa nació amparada por la legislación estatal antes de que España se adhiriese a la Unión Europea. Otra cuestión es lo sucedido a continuación, a raíz de las denuncias de constructoras que se quedaron fuera del accionariado de la sociedad y que dejaron al descubierto la falta de encaje entre la composición de la entidad y el Derecho Comunitario. En concreto, a instancia de parte, Bruselas determinó en 2014 que en 1984 Sogepsa eligió a sus socios privados sin respetar los preceptos europeos relativos a la libre prestación de servicios y a los contratos públicos, porque se excluyó a las empresas de fuera de la región y de sectores ajenos a la construcción. El caso es que esa circunstancia ha terminado por enredar a la empresa en un "procedimiento de infracción" que se encuentra en la fase administrativa, previa en todo caso a la formalización de una posible denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión que puede hacer que el asunto pase a mayores y a posibles sanciones.

En paralelo, algunas de las constructoras accionistas de la sociedad han mostrado su disposición a ceder al Principado, sin coste, su parte del capital para que Sogepsa cumpla la condición de ser exclusivamente pública.

Foro se sirvió del conflicto para atacar con dureza a la Consejera, a la que Coto acusó de llevar con reiteración a la cámara "las frustraciones, de sus pufos y de sus varapalos judiciales" y de ser "el limón más insoportable de este Parlamento". Europa, advirtió la diputada forista a Belén Fernández, "le pide transparencia, respeto a la ley y libre concurrencia. Ya ha fracasado con primera solución" y el peligro de que se avecinen sanciones define todo esto, al decir de Coto, como "un bodrio administrativo de los suyos".

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