La Justicia asturiana denuncia sus penurias y estas son sus exigencias urgentes al Principado

Jesús María Chamorro, presidente del TSJA, ha vuelto a reiterar los problemas informáticos que sufre la administración de Justicia, esta vez con motivo de la presentación de la memoria del tribunal relativa a 2023. El magistrado ha aprovechado la ocasión para reclamar al Gobierno autonómico una "apuesta política y presupuestaria" para solventar las disfunciones tanto en la digitalización como la dispersión de las sedes de Oviedo. Y es que aunque a los jueces y magistrados se les han cambiado los equipos, a los funcionarios todavía están utilizando aparatos antiguos. "Hay órganos judiciales y funcionarios con ordenadores a los que incluso les cuesta arrancar", indicó Chamorro, que viene reclamado también formación sobre las nuevas aplicaciones. Añadió que desconoce dónde están los servidores, por lo que no se puede certificar si, tal y como dice el Principado, se trata de un problema de saturación de la red.

Chamorro dio cuenta de continuas caídas tanto de las aplicaciones como de los sistemas de comunicación. Las videoconferencias tampoco disponen de mecanismos adecuados para sostener la celebración correcta de actos procesales. Chamorro ha puesto en valor la adaptación a estas nuevas tecnologías por parte de los jueces, que "están adecuadamente formados", si bien no pueden resolver unos problemas informáticos que están "fueran de su alcance". "Lo lógico es que haya una asistencia permanente de manera inmediata", comentó, antes de señalar que este asunto será abordado este miércoles en un encuentro entre la sala de Gobierno del TSJA y responsables autonómicos.

En cuanto a la situación de las infraestructuras, Chamorro indicó que sigue siendo necesario un plan integral de mejora con fechas concretas para resolver las deficiencias. Los mayores problemas se sitúan en Pola de Lena, con carencias en los accesos y la seguridad; en Grado, con un edificio obsoleto e insuficiente; Pravia, que sigue compartiendo espacio con el Ayuntamiento, sin que se cumpla el compromiso de su traslado a La Azucarera; Langreo, que continúa en las viejas instalaciones dado que no se ha entregado el nuevo edificio; Siero, que ocupa un edificio de 45 años, claramente disfuncional; Llanes, con unas instalaciones que se inundan; y Cangas del Narcea y Cangas de Onís, con edificios obsoletos e inadecuados.

El palacio de Justicia de Avilés también se ha quedado pequeño y no podrá albergar los nuevos órganos que con seguridad necesitará en el futuro, según la memoria. En cuanto a Oviedo, Chamorro resalta en el documento las deficiencias que presentan las instalaciones de la Audiencia.

Según la memoria, los juzgados de primera instancia e instrucción correspondientes a categoría profesional de juez no han sido adaptados a las nuevas necesidades de la prestación del servicio, ya que no cuentan con salas para declaraciones ni para videoconferencias, ni con calabozos ni "sala Gesell" para exploración de menores.

Ningún avance ni proyecto

La palma se la lleva, sin embargo, el partido judicial de Oviedo, con los órganos judiciales desperdigados por ocho sedes, más que él año pasado, como remarca la memoria. Chamorro insistió en que "Oviedo no puede esperar ocho años más a una solución para la unificación". Añadió que "existe una apuesta que nos parece convincente para concentrar estos órganos en Llamaquique, pero es una realidad que vemos muy lejana", resaltó. Y es que "no se conoce ningún avance ni proyecto concreto al respecto", pese a los anuncios por parte del presidente del Principado, Adrián Barbón, ya en el año 2022.

Como se señala en la memoria del TSJA, ni "se están acondicionando los edificios de la zona del Cristo para su uso por la Universidad ni ha habido traslado de los edificios ocupados por la Universidad en la zona de Llamaquique". Por eso, demandó una "solución puente" hasta que se resuelva la concentración, dado que la dispersión perjudica tanto a los usuarios como a los profesionales de la justicia.

Chamorro llamó la atención sobre la inestabilidad del personal al servicio de la administración de justicia, y sobre la necesidad de más efectivos para conformar los equipos psicosociales que apoyan la labor de muchos órganos judiciales. Aunque se ha dotado de personal a estos servicios, no pueden sacar adelante la gran cantidad de informes que se les solicita. Son tales los retrasos que muchos jueces prefieren resolver los casos sin los citados informes.

En su comparecencia, Chamorro llamó la atención sobre la caída de los asuntos, debido a las huelgas consecutivas del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios, aunque en la segunda mitad del año las cifras se recuperaron un tanto al normalizarse la situación laboral. Durante el pasado año, ingresaron en los órganos judiciales asturianos 143.381 asuntos, un 3 por ciento menos que en 2022, en el que el número ascendió a 147.628.

Todos los órganos jurisdiccionales vieron disminuido el número de asuntos, a excepción de los penales, donde el pasado ejercicio aumentó un 0,4 por ciento la actividad. En 2023, se dictaron 36.987 sentencias, un 23,91 por ciento menos que en 2022; 57.457 autos finales, un 4,39 por ciento menos, y 30.307 decretos, un 12,98 por ciento menos.

Y respecto al actual conflicto judicial, Chamorro reivindicó la independencia de los jueces españoles, a la vez que reclamó lealtad institucional.

Suscríbete para seguir leyendo