El patronato de la Fundación Metal trató ayer de explicar el origen de sus enormes dificultades económicas, provocadas por el cambio de legislación en el ámbito de la formación profesional para el empleo. Por un lado, se ha regulado un procedimiento de justificación de las acciones formativas que reciben subvención "que no se adecua al tipo de actividades que en el ámbito del sector industrial desarrolla la Fundación Metal".

Pero además, la nueva legislación establece que la Fundación tiene que adelantar el 75% del coste de las acciones formativas, un "anticipo de pagos que ocasiona unos importantes gastos financieros que no son subvencionables y produce importantes tensiones de tesorería". Es decir, para una entidad que ha dedicado el ahorro de la época de bonanza a mantener su estructura, a la espera de que se convocaran nuevos cursos, y a la que ahora se le exige que adelante financiación, los números rojos se le disparan. Una situación que ya es generalizada y que ha sido denunciada en varias ocasiones por asociaciones como la Asociación de Empresas de Consultoría y Formación del Principado de Asturias (CECAP).

Y un apunte más: la Fundación Metal deberá competir en el mercado con otra entidades, con lo que deberá ofertar no sólo en calidad sino también en precio.