Que las desgracias nunca vienen solas es una frase hecha de lo más manido, pero en el caso de Villa le viene como un traje a medida. En la jornada de ayer, José Ángel Fernández Villa tenía que haber hecho efectiva en la cuenta judicial la fianza de 434.000 euros que le impuso la magistrada Simonet Quelle Coto, titular del Juzgado número 2 de Oviedo, que instruye la querella del SOMA, so pena de ser embargado, una acción que se retrasará al haber recurrido su defensa. Y también ayer, los agentes de la UCO entraron en su casa en busca de pruebas de fraude en el Montepío de la Minería, dentro de la llamada "operación Hulla" que instruye, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado número 3 de Oviedo, del que es titular la magistrada Begoña Fernández. Dos causas distintas, aunque con un pecado original común, la fortuna oculta que Villa legalizó en 2012. Los dos procesos han tenido un desarrollo casi paralelo, e incluso se han retroalimentado en alguna ocasión.
En puridad, es la última operación, la que corre a cargo de Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil, la que se inició primero, en octubre de 2014, ante las sospechas de la unidad de Inteligencia Financiera de que Villa estuviese blanqueando dinero con la regularización de los 1,4 millones. No obstante, será la última en cerrarse por las complicaciones que ha encontrado en el camino, entre ellas la falta de colaboración de determinadas instituciones.
La querella del SOMA por apropiación -en la que también está incurso el exgerente del Infide, Pedro Castillejo, al que van a embargarle 119.000 euros, la cantidad de la que supuestamente se apoderó, más el 30 por ciento para intereses y otros gastos- se presentó más tarde, en octubre de 2015, después de que el sindicato advirtiese, inicialmente, unos 400.000 euros de desfase en sus cuentas. Conforme avanzó la instrucción, esa cantidad ha ido creciendo hasta los 550.000 euros. Esta causa será la que previsiblemente se vea antes en los tribunales, puesto que ya se encuentra en manos de la Audiencia Provincial. La fase intermedia podría dilatarse un año, de forma que el juicio tendría lugar a mediados o finales del año que viene.
La jueza abrió juicio oral el pasado 11 de mayo, después de que las acusaciones presentasen sus escritos de calificación. Primero la Fiscalía, que solicita para Villa cinco años de cárcel, y tres y medio para Castillejo. Más tarde el SOMA, que eleva la pena pedida para su exsecretario general a seis años, cinco para Castillejo. Las defensas tienen diez días para presentar sus calificaciones, pero ya tendrán que hacerlo ante la Audiencia Provincial. El tribunal tiene que decidir varios recursos de las defensas, que piden la nulidad y el sobreseimiento de la causa.
Todos los intentos de las defensas por demorar el transcurso de la instrucción han resultado un fracaso. La letrada de Villa, Ana García Boto, intentó por todos los medios que Villa fuese declarado no imputable, y que no llegase ni siquiera a declarar ante la instructora. Pero la magistrada Quelle Coto no consintió esta estrategia.
Una de las últimas maniobras fue intentar declarar incapaz a Villa. El proceso está abierto en la Fiscalía, que, según la Fiscal Superior, Esther Fernández, convocó a los familiares de Villa el pasado viernes, pero no se presentaron.
Mientras Villa concentraba todas sus fuerzas contra la querella del SOMA, desde Madrid asomaban cada vez más nubes de tormenta sobre su futuro judicial. Si alguien pensaba que la investigación de Anticorrupción iba a dormir el sueño de los justos estaba muy equivocado. La UCO, a las órdenes de los fiscales -que en ese ámbito se comportan como auténticos instructores- elaboraron un informe sobre el posible origen de la fortuna de Villa, que terminó de apuntalar la querella del SOMA. Anticorrupción se centró en exclusiva en las irregularidades en el Montepío, con muchos más implicados y ramificaciones. Es el asunto que ahora instruye la magistrada Begoña Fernández.
