La declaración más determinante de las previstas para hoy en el Juzgado que instruye el "caso Hulla" es la de Antonio Merino Díaz, el interventor delegado del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) que destapó las irregularidades cometidas con los fondos mineros en la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa. El inicio de su testimonio está previsto para el mediodía.

Según consta en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, existe un informe con fecha de 22 de diciembre de 2011 sobre el control financiero permanente de las ayudas a entidades sin ánimo de lucro y sociedades mercantiles estatales firmado por Merino Díaz. En él consta, entre otros aspectos, que en el caso de los fondos concedidos para la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa (Aller), no se acredita la condición exigida para que la ayuda estatal superase el 1% del presupuesto. La construcción de Felechosa financió el 100% de la obra, casi 31 millones de euros. Además, el Principado debía financiar el 25% de las obras, y en este caso no aportó nada.

Pero además, la subvención debía otorgarse al Montepío de la Minería como entidad sin ánimo de lucro, y sin embargo se estaba pagando a la sociedad mercantil Residencia de Mayores S. L.

Este informe provocó que los últimos tres millones de euros certificados de la obra de Felechosa aún no se hayan abonado, pese a las continuas reclamaciones del Montepío de la Minería.

El resto de los testigos llamados a declarar hoy son peritos, proveedores y el dueño de la empresa de limpieza en Roquetas de Mar a principios de la década de los años 2000.