Francisco L. JIMÉNEZ
La asociación que agrupa a las empresas que más electricidad consumen en España, AEGE, ha movido ficha en el tablero donde se disputa la compleja partida que debe resolver cuál será la tarifa eléctrica que pague la industria a partir de 2013. Lo que está en juego es el futuro a medio plazo de fábricas como las que tienen en Avilés Alcoa, Asturiana de Zinc y Arcelor-Mittal; la primera de ellas tiene abierto un expediente de regulación de empleo para reducir a la mitad su capacidad de producción durante 2012 y ya ha dejado muy claro que condiciona su futuro en España al precio del kilovatio. Azsa y Arcelor no han llegado tan lejos todavía, pero no pierden ripio de los acontecimientos y se declaran parte interesada en el asunto.
La propuesta de AEGE se condensa en 22 medidas que abarcan desde cambios normativos a mejoras tecnológicas del sistema eléctrico. El objetivo del plan de AEGE, que ya está en poder de la Comisión Nacional de la Energía, no es otro que abaratar el precio de la luz para la gran industria. Y para conseguirlo AEGE defiende penalizar la generación eléctrica a base de fuentes renovables (a las que en diversos ámbitos políticos y empresariales se señala como las principales responsables del déficit de 24.000 millones que lastra el sistema eléctrico español) e introducir correctores que limen los actuales sobrecostes de generación y transporte de la electricidad o, en su caso, bonifiquen aquellas prácticas que aportan eficiencia al sistema, prácticas como las que supuestamente llevan a cabo las grandes empresas consumidoras de kilovatios.
En el primer capítulo del paquete de medidas que impulsa AEGE destacan propuestas como obligar a las empresas eléctricas que han obtenido moratorias de funcionamiento de centrales hidráulicas o nucleares a destinar parte de sus beneficios a enjugar el déficit tarifario, así como revisar «a fondo» la estrategia de concesión de subvenciones a los generadores de energías que utilizan tecnologías renovables. En esa misma línea, AEGE solicita descontar de los gastos generales del sistema eléctrico las primas a la «energía verde», que luego se repercuten en la factura a los consumidores de luz.
No es muy aventurado presuponer que las propuestas de AEGE chocarán de lleno con los intereses de las compañías eléctricas y con las pretensiones de los defensores de las energías renovables. Esa es, ni más ni menos, la patata caliente que tiene en sus manos el ministro de Industria, José Manuel Soria.
