Gijón, R. GARCÍA
La «operación Marea» llega al Ayuntamiento de Gozón. El juez que instruye la investigación de esta presunta trama corrupta en la administración regional en la que ya se han visto involucrados políticos, empresarios y funcionarios asturianos, preguntó ayer a uno de los testigos citados por las partes acerca del pago de las fiestas del Carmen de Luanco que tuvieron lugar en el año 2009. Según se desprende de la investigación de la Agencia Tributaria, una de las empresas implicadas en esta presunta corruptela -Almacenes Pumarín- abonó los 6.960 euros que costaron las celebraciones.
La firma Asturcon Producciones Artísticas fue la encargada de organizar los festejos. El representante legal de la empresa que ayer declaró en el juzgado de instrucción de Gijón asegura que la factura de las fiestas del Carmen no se le cobró a los responsables municipales de Gozón, sino que se desvió hacia Almacenes Pumarín. «Los del Ayuntamiento me dijeron que para el pago hablara con un tal señor Cienfuegos de Almacenes Pumarín. El pago se hizo un año después de las fiestas mediante un ingreso en Cajastur», afirmó el responsable de Asturcon Producciones ante el juez. Las acusaciones particulares presentes en el procedimiento aseguran que «estamos claramente ante un pago por un favor». Ahora deberá ser el magistrado que instruye la causa, el ovetense Ángel Sorando Pinilla, el que decida si continúa la investigación del pago.
El representante de Asturcon Producciones negó durante su declaración haber tenido algún tipo de trato con Francisco Javier Juárez, el ex jefe de compras del Ayuntamiento de Mieres que figura como imputado en el sumario del caso acusado de haber recibido regalos de las empresas corruptas.
Los interrogatorios de la «operación Marea» quedarán ahora parados hasta el mes de septiembre. El juez de instrucción aún está pendiente de recibir un informe de Hacienda acerca de Igrafo, otra de las empresas imputadas.
La investigación de esta trama provocó en su día la detención y el ingreso en prisión del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; de su número dos, María Jesús Otero; y de la alta funcionaria Marta Renedo Avilés. Todos ellos se encuentran a día de hoy en libertad con cargos.
