Luanco,

Illán GARCÍA

Un juez de lo contencioso administrativo de Oviedo ha declarado nula y disconforme a derecho la ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, que presta Aquagest, aprobado en un Pleno municipal el pasado 4 de diciembre de 2009.

Ese acuerdo salió adelante con los votos del PP y permitió aumentar el contrato con la adjudicataria 15 años más, desde 2015 -fecha en la que vencía el contrato- hasta 2030. Los populares indicaron en su momento que esa decisión se tomaba por la necesidad de adaptar las redes de abastecimiento a una normativa europea de 2003, cuestión que fue criticada por el PSOE e IU -los denunciantes- ya que, a su juicio, esa norma a la que hace mención el PP ya existía en el momento en el que se firmó el contrato, allá por 2005.

El juez hace mención, por su parte, a un documento municipal de 19 folios, fechado en 2004 -un año antes de que se privatizara el servicio- que describe que la situación de la red de abastecimiento «estaba obsoleta, que estaba fabricada de fibrocemento», es decir, que el Ayuntamiento era conocedor de las carencias de la red y que era precisa una actuación amplia de reforma antes de ampliar el contrato. «No puede hablarse de circunstancias sobrevenidas en la ejecución del contrato ni de necesidades nuevas o causas imprevistas», afirma el juez en el décimo apartado de la sentencia. Según la ley de contratos de las administraciones públicas, sólo se podrán introducir modificaciones por razón de interés público o necesidades nuevas, cuestión que no se da en este caso.

Según el magistrado, la modificación del contrato acordado altera una de las condiciones esenciales del acuerdo, su duración. En el acuerdo, siempre según el juez, lo que se decide es una prórroga del contrato, una extensión temporal, pero en el fondo eso se mezcla con una modificación de su ejecución. En el pliego se recoge que la denuncia del contrato se ha de hacer con una antelación mínima de un año al vencimiento y su prórroga, que precisa de un acuerdo entre las partes. En ningún momento, se actuó conforme a estos parámetros ya que se acordó una prórroga unilateral a seis años de venciera el contrato. La denuncia fue realizada por la portavoz de IU, Pilar Suárez, representada por el letrado Javier Junceda y por el concejal del PSOE y abogado José Celestino Muñiz, que se representó a sí mismo. Cabe recurso de apelación contra la decisión adoptada por el juzgado ovetense.